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México

México envía una nota diplomática a EE.UU. para protestar por la presunta financiación de una ONG opositora a López Obrador

México envió una nota diplomática por orden del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, luego de que se revelara que EE.UU. presuntamente financia a la organización opositora Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), encabezada por el empresario Claudio X. González.

«Es un acto de intervencionismo que viola nuestra soberanía», dijo el mandatario mexicano en su conferencia matutina de este viernes.

«Un gobierno extranjero no puede entregar dinero a grupos políticos de otro país. La Constitución nuestra lo prohíbe. No se puede recibir dinero de otro país para propósitos políticos. Es traición a la patria«, dijo López Obrador. «Es promover el golpismo», agregó.

Durante la conferencia matutina, el presidente mexicano leyó la carta que su gobierno envió a la Embajada de EE.UU.

«Sobre el particular solicitamos que esa Embajada confirme si se ha apoyado a esta organización y, de ser así, solicitamos atentamente que la agencia correspondiente considere suspender el apoyo financiero que proporciona la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, lo anterior en virtud de que el financiamiento de actores políticos va en contra de las relaciones de respeto mutuo y no intervención«, reza la misiva enviada por México a EE.UU.

El presidente mexicano destacó que la organización MCCI, financiada por agencias estadounidenses, entabló una serie de amparos y recursos legales para frenar algunas de las principales obras de infraestructura del gobierno de López Obrador, tales como el Tren Maya o la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

«Es algo reprobable que a un grupo opositor a nuestro gobierno, que se ha dedicado a obstaculizar todas las obras que se están llevando a cabo mediante la promoción de amparos, como fue el caso del Aeropuerto de la Ciudad de México, el Tren Maya, se den estos financiamientos de un gobierno extranjero», manifestó.

Sin embargo, López Obrador consideró que este asunto no afectará la agenda bilateral entre México y EE.UU., pues considera que el presidente estadounidense, Joe Biden, muy probablemente ni siquiera está enterado de este asunto.

¿Por qué es un tema importante?

Las declaraciones del mandatario se producen después de que se diese a conocer que la Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED) entregaron 2,34 millones de dólares (47,5 millones de pesos), entre 2018 y 2020, a la organización MCCI, encabezada por el empresario Claudio X. González. Todo ello, de acuerdo con información de las bases de datos de estas agencias estadounidenses.

Claudio X. González, a través de la organización Sí por México, fue un actor crucial para crear la alianza electoral del principal bloque opositor en México rumbo a las elecciones intermedias de 2021, conformada por los partidos PRI, PAN y PRD, donde se disputará la renovación de la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y diversos cargos de elección popular.

El empresario, dueño de la papelera Kimberly-Clark, es el principal articulador político de las cúpulas empresariales contra el actual Gobierno mexicano. En los último años, Claudio X. González ha hecho llamados explícitos para votar contra Morena, el partido fundado por López Obrador.

En octubre de 2020, el periodista Álvaro Delgado dio a conocer, a través de una investigación publicada en Proceso, que altos directivos y dueños de grandes empresas como Grupo Lala, Aeroméxico, Grupo Alsea, Chedrahui o la farmacéutica Grupo Pisa (señalada por López Obrador de encabezar un boicot de desabasto de medicinas contra su administración) han financiado a la organización MCCI en los últimos años.

López Obrador ha calificado a Claudio X. González y su padre, del mismo nombre, de ser promotores del llamado «fraude de 2006«, durante las presidenciales en México de ese año, que ocasionó una crisis política en la que el derechista Felipe Calderón terminó asumiendo la presidencia del país (2006-2012) en medio de una crisis de legitimidad que, entre otras cosas, motivó la llamada «guerra contra el narcotráfico».

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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