Cecilia Soto, asesora en materia de Relaciones Exteriores del candidato presidencial Ricardo Anaya, criticó el actuar del Gobierno estadounidense luego de que éste negara la información sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014.
“Estados Unidos nos negó la información sobre el caso de los 43 desaparecidos cuando tenían más de mil mensajes, ¿por qué no nos la compartió?”, declaró Soto en una mesa de discusión en Televisa.
La diputada por el PRD dijo que el Gobierno de Estados Unidos omitió el compartir los datos a la justicia mexicana como una forma de presión en la relación bilateral, lo que constituye un desbalance con uno de los miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y agregó que “México es la policía de Trump en la frontera sur”.
Conversaciones interceptadas por dependencias de Estados Unidos revelaron que jefes de la organización criminal Guerreros Unidos ordenaron, desde Chicago, el involucramiento de policías y el apoyo del gobierno del estado de Guerrero en la detención de los normalistas, de acuerdo con información publicada por Reforma el 12 de abril.
Esta información se encuentra en un expediente que forma parte del proceso que se sigue a ocho operadores de Guerreros Unidos en Chicago. Estos criminales se encuentran en prisión por tráfico de drogas y aún no presentan una declaración sobre los 43 normalistas.
En las pláticas, los jefes de Guerreros Unidos en Chicago hablan de ’60 paquetes’, refiriéndose al número de personas capturadas y después desaparecidas, lo que indica que posiblemente en la noche de Iguala desaparecieron más personas de las originalmente reportadas.
Javier Duarte podría quedar libre en los siguientes días
El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, ha sido absuelto del cargo de desaparición forzada durante una audiencia virtual, lo que abre la puerta a que el político priísta pueda salir libre.
Durante la audiencia, que se llevó a cabo este viernes desde Pacho Viejo, en Coatepec, Veracruz, Duarte consiguió el sobreseimiento del proceso penal en su contra por su presunta participación en el delito de desaparición forzada, por lo que ya no podrá ser juzgado por dicho crimen.
Javier “N” permanece detenido en elReclusorio Norte, ubicado en la CDMX, donde desde el año 2017 lleva su proceso tras declararse culpable de lavado de dinero y asociación delictuosa, Sin embargo, en el año 2022 un juez de control de Pacho Viejo dictó prisión preventiva contra el ex funcionario por el delito de desaparición forzada del policía David Lara Cruz.
Dicho elemento policiaco acudió a una evaluación de Control de Confianza en la academia de policía en la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. Días después, David Lara fue encontrado muerto en la Barranca de La Aurora, donde se encontraron restos humanos.
Por ello, la Fiscalía del estado acusó a Duarte de ocultar la existencia de más víctimas, las cuales de 22 posibles personas en la fosa, se terminó reduciendo a sólo seis. Tras el resultado de la audiencia, estas acusaciones quedaron sin efecto.
¿Por qué Duarte podría quedar libre?
Luego de su captura en 2017, Javier Duarte fue acusado por el desvió de más de 3 mil millones de pesos durante su gestión en Veracruz y en 2019 fue sentenciado por un juez federal a nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El cómputo de la sentencia contra Duarte empezó a correr desde 2017 y aunque su condena termina en 2026, el ex gobernador tiene la posibilidad de salir antes de prisión bajo el criterio de buen comportamiento y con el sobreseimiento del caso de desaparición forzada, que generó en su momento fuertes movilizaciones por parte de colectivos de familias de desaparecidos que exigían un castigo ejemplar para el ex gobernador.
Hasta el momento, la Fiscalía de Veracruz no se ha pronunciado al respecto del fallo judicial favorable para con Duarte.
Cabe recordar que Javier Duarte, gobernador de Veracruz de 2010 al 2016 fue arrestado en Guatemala en abril del año 2017 luego de seis meses de haberse dado a la fuga durante la investigación en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada.