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México

México incorporó 1.5 millones de empleos en Julio

Durante julio pasado se incorporaron 1.5 millones de personas a la Población Económicamente Activa (PEA), al pasar de 51.1 millones a 52.6 millones. De los 12 millones de personas que salieron de la PEA en abril de 2020, regresaron alrededor de 7.2 millones para el séptimo mes de este año, informó el Inegi.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (nueva edición) confirman la recuperación de la ocupación y el empleo iniciada en junio, principalmente impulsada por la reapertura gradual de los negocios y empresas en actividades económicas no esenciales.

Los cambios más importantes entre junio y julio de 2020 tuvieron lugar en un aumento de la PEA y en la conformación de la población ocupada, en la que se observó una disminución en los ocupados a tiempo parcial, frente a un crecimiento de la informalidad laboral, del trabajo a tiempo completo y de los ocupados con ingresos laborales entre dos y cinco salarios mínimos.

En el séptimo mes de 2020, la población ocupada resultó en 49.8 millones de personas, con un incremento de 1.5 millones de personas respecto a junio.

La población ocupada a tiempo parcial (jornadas inferiores a 35 horas semanales) disminuyó en 2 millones entre junio y julio de 2020. Por su parte, los ocupados a tiempo completo (jornadas de 35 o más horas semanales) aumentaron en 4.2 millones de personas en el mismo periodo.

En julio de 2020 se registró una tasa de subocupación de 18.4%, cifra inferior en 1.6 puntos porcentuales a la de junio del mismo año. Este descenso representa una variación de 0.5 millones de personas ocupadas.

La población ocupada informal, que comprende a los ocupados que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, como aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo, en julio de 2020 fue de 27.3 millones, 1.7 millones más que en junio del mismo año.

Se tiene una recuperación en el volumen de población ocupada en el sector comercio, a diferencia de los sectores de la construcción, restaurantes, servicios de alojamiento y transportes. Asimismo, se observa una falta de recuperación en personas ocupadas en trabajos domésticos remunerados.

La población desocupada fue de 5.4% en julio y de 5.5% en junio como proporción de la PEA, porcentaje equivalente a 2.8 millones de personas en ambos meses.

La Población No Económicamente Activa (PNEA) disponible para trabajar, es decir, población que no trabajó ni buscó trabajo pero que aceptaría un trabajo si se lo ofrecieran, fue de 11.3 millones, lo que representa el 26.1% de la PNEA. En comparación con junio de 2020, la situación de la PNEA disponible para trabajar disminuyó en 2 millones en el séptimo mes de este año.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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