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México

México, país con mayor asesinatos de periodistas por segundo año consecutivo

Un total de 113 trabajadores de medios de comunicación fueron asesinados en 2018, un 14 por ciento más que en el año anterior, según la lista anual de la ONG Campaña Emblema de Prensa (PEC), donde México y Afganistán figuran como los países más peligrosos para informar.

En México, que ya encabezó la lista de periodistas asesinados en 2017, murieron este año 17 informadores, los mismos que en Afganistán (que duplicó sus cifras de 2017), mientras que Siria se colocó en tercer lugar con 11 fallecidos de forma violenta y le siguieron Yemen y la India con 8 muertos cada uno.

La PEC destaca que dos tercios de las víctimas murieron en zonas de conflicto, entre las que incluye México pese a no haber una guerra declarada, pues se trata de un país en el que “los grupos criminales son los principales responsables del alto precio que pagan los trabajadores de los medios”, subrayó este lunes la ONG en un comunicado.

Entre los 17 periodistas mexicanos que murieron en 2018 -tres más que en 2017- hay nombres como Diego García Corona, del semanario Morelos, o Jesús Alejandro Márquez Jiménez, fundador del portal de noticias Orion Informativo, asesinados a principios de este mes en dos ataques separados.

Estados Unidos ocupa un destacado sexto lugar en la lista anual con seis periodistas muertos: cinco de ellos fallecieron en un mismo ataque, de un hombre armado contra la redacción del Capital Gazette de Annapolis, el pasado mes de junio.

Asesinatos contra periodistas por regiones

Por regiones, Asia es la región más peligrosa para el ejercicio del periodismo, con 36 asesinados, seguida de cerca por Latinoamérica (32, incluyendo cuatro en Brasil, tres en Colombia y otros tantos en Ecuador), mientras que en Oriente Medio los fallecidos fueron 24.

“Después de un comienzo desastroso en el año, el final de 2018 fue más tranquilo, pero estamos lejos de la meta”, destacó Blaise Lempen, secretario general de la PEC, organización que pide la implicación de actores como el Consejo de Europa o la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para buscar medidas preventivas.

El asesinato que más titulares ha generado este año ha sido el del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado de su país en Estambul (Turquía) el pasado octubre, un hecho “sin precedentes”, según la PEC, que pidió que se aclaren “las circunstancias de ese crimen atroz”.

De acuerdo con la organización con sede en Ginebra, en la década transcurrida entre 2009 y 2018 han sido asesinados 1.221 trabajadores de los medios y en el último lustro los países que han constituido un mayor peligro para la profesión periodística han sido Siria (64 fallecidos), México (61) y Afganistán (48).

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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