Opinión

¿México realmente es PRO-VIDA? Por Itali Heide

Published

hace 6 años

Jul 30, 2020

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Itali Heide

Las opiniones sobre el aborto se encuentran en un espectro. Tal vez creas que no debería de ser permitido en ninguna circunstancia, quizás solo bajo ciertas condiciones, o a lo mejor piensas que todas las mujeres deberían tener acceso a un aborto antes de las 12 semanas de gestación.

Ojo aquí: no estoy tratando de convencerte a que estés de acuerdo con el aborto, mucho menos que abortes. De hecho, todo lo contrario. La raza humana vive en un mundo de diversidad ideológica. Cuando se trata de opinión, hay un área gris. Fuera de juicios que atentan contra la igualdad los derechos humanos en todo ser humano, tienes permitido creer lo que se te dé la gana. Sin embargo, al ser una sociedad con diversidad ideológica, no podemos esperar a que el mundo gire alrededor de nuestra conciencia individual.

Luego de que la Suprema Corte desechara hoy el proyecto para despenalizar el aborto en Veracruz, las redes se inundaron de publicaciones (tanto a favor como a contra), de la despenalización del aborto. El Financiero encontró que el 63% de los mexicanos están contra del aborto legal.

La gran mayoría de los mexicanos están en contra del aborto. / Foto: Sergio Hernández

A pesar de estos números, la despenalización del aborto ha demostrado mejorar la vida en muchos países, incluyendo a México, donde desde el 2007 se puede realizar un aborto de forma legal en la Ciudad de México y en Oaxaca. ¿Qué trajo consigo esta decisión?

Nos enseñó que sin duda, criminilizar el aborto no evita su práctica. Aunque en la gran mayoría de los estados permiten el aborto en instancias muy limitadas, como en casos de violación, malformación fetal, o cuando la vida de la madre está en peligro, hay numerosas barreras que dificultan el acceso a estos servicios.

17 de cada 100 embarazos reportados son en niñas y mujeres debajo de los 19 años de edad.

Se estima que la mitad (54%) de los embarazos no deseados en México terminan en aborto inducido, a pesar de restricciones legales en las entitades. Teniendo en cuenta más de un millón de abortos inducidos por año, de los cuales 226,904 se realizan en clínicas de salud reproductivas, significaría que más del 77% de los abortos se realizan de manera clandestina. Casi el 20% de las mujeres y niñas son hospitalizadas por complicaciones de salud luego de abortos clandestinos.

En las clínicas de salud reproductiva que ofrecen servicios de aborto, se cuenta con asesoramiento anticonceptivo. Más del 80% de las mujeres aceptan el uso de protección sexual o la colocación de dispositivos intrauterinos (DIU), contribuyendo a la baja tasa de abortos repetidos.

Existen 13 clínicas en la Ciudad de México que practican la interrupción legal del embarazo. (Foto: Staff Capital)

Un argumento común que penaliza el aborto, es la insistencia de que en caso de un embarazo no deseado, la mejor alternativa al aborto es dar el bebé en adopción. Desafortunadamente, el sistema de adopción mexicano está en total destrucción: los datos del DIF afirman que de las 29 solicitudes recibidas en 2019, sólo 5 adopciones fueron finalizadas.

México cuenta con 1.6 millones de huérfanos, de los cuales menos del 2% viven en albergues y orfanatos públicos. Estos números pueden parecer menos insignificantes al agruparlos en una gran estadística, en vez de traducirlos a la realidad. Debemos mirar más de cerca: cada uno de esos 1.6 millones de niños tiene una mejor oportunidad de ganar la lotería de 60 millones de pesos en el Sorteo Mayor (1 de 60,000) que de ser adoptado (1 de 320,000).

Las estadísticas muestran una triste realidad para niños huérfanos. / Foto: Juan José Estrada

En un país donde más del 85% de la población pertenece a alguna religión, las cuales en su mayoría no aprueban el aborto, no es sorpresa que el país no esté facilitando el acceso a la salud reproductiva. Independientemente de nuestra ideología individual, la verdad está en los números: al criminalizar los abortos seguros y accesibles, estamos favoreciendo una pesadilla para millones de niños y mujeres en todo el mundo.

El activismo juega un rol importante en la aceptación de la despenalización del aborto. / Foto: NurPhotos

Para realmente terminar con el aborto, se deben averiguar y abordar los temas que realmente lo causan. Dos formas infalibles de disminuir la tasa de aborto son:

Proporcionar educación sexual completa, que incluya temas de consentimiento, métodos anticonceptivos y apoyo psicológico.
Facilitar el acceso a servicios de salud reproductiva y a métodos anticonceptivos confiables.

Sin importar en qué parte del espectro te encuentras en cuanto al aborto, todos podemos estar de acuerdo en que evitar los embarazos no deseados, es preferible a abortar. Por lo tanto, la solución queda en minimizar su concepción. La solución no es criminalizar un hecho innegable: es proporcionar información, educación y salud reproductiva accesible para TODAS las mujeres.

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Opinión

Reforma caída, poder en disputa. Por Caleb Ordóñez T.

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hace 3 semanas

Mar 17, 2026

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La reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum pretendía convertirse en una de las grandes piezas políticas de su primer tramo de gobierno. No era una iniciativa menor: implicaba tocar las reglas del sistema político mexicano, rediseñar parte de la representación legislativa y volver a colocar sobre la mesa una vieja bandera del obradorismo: abaratar la democracia mexicana. Sin embargo, lo que se anticipaba como una muestra de fuerza legislativa terminó convirtiéndose en el primer gran aviso de que el poder dentro de la coalición oficialista ya no funciona con obediencia automática.

La propuesta partía de una idea políticamente rentable: reducir costos y simplificar estructuras. Entre los puntos centrales estaba disminuir el número de senadores, modificar el esquema de representación proporcional y recortar gastos electorales que, desde la narrativa presidencial, siguen siendo excesivos para un país con enormes desigualdades sociales. También se buscaba actualizar reglas frente al uso de inteligencia artificial, bots y propaganda digital en campañas, bajo el argumento de que la política mexicana ya no puede seguir regulándose con instrumentos pensados para otra época.

Pero detrás del discurso de austeridad había un elemento mucho más sensible: la redistribución real del poder entre partidos.

Ahí apareció el primer muro inesperado. El Partido del Trabajo y el Partido Verde, aliados históricos de Morena, decidieron no acompañar la iniciativa. No fue una ruptura ideológica, sino una reacción de supervivencia política. Ambos entendieron que una reducción o modificación profunda en el sistema de representación proporcional podía afectar directamente su capacidad de conservar espacios legislativos propios. En otras palabras: Morena proponía una reforma pensada desde la lógica de partido dominante, mientras sus aliados la leyeron desde la lógica de partidos que necesitan reglas protectoras para seguir siendo relevantes.

La votación dejó una fotografía políticamente incómoda: Morena no logró reunir la fuerza suficiente para sacar adelante una reforma constitucional aun teniendo la Presidencia, mayoría simple y control narrativo del debate público.

Y esa derrota tiene consecuencias internas.

Porque más allá del revés legislativo, el episodio deja a la presidenta frente a una realidad que en política pesa mucho: el capital político no es permanente, se administra y también se erosiona. Dentro de Morena, la señal fue clara: si los aliados ya marcan distancia, también empiezan a moverse los grupos internos que observan hasta dónde llega realmente la capacidad presidencial de ordenar decisiones.

Eso obliga ahora a Claudia Sheinbaum a recuperar control interno. Y una de las rutas más previsibles es endurecer su influencia en la construcción de candidaturas. Lo que viene hacia 2027 puede ser un proceso mucho más cerrado, donde perfiles cercanos a Palacio Nacional busquen ocupar candidaturas a gubernaturas y diputaciones federales como mecanismo de blindaje político. Es decir: si el Congreso mostró límites, entonces la siguiente apuesta será construir una mayoría futura más disciplinada desde el origen.

En política mexicana eso suele traducirse en una lógica sencilla: menos concesiones territoriales y más control sobre quién llega.

Por eso no es casual que desde el entorno presidencial ya se hable del llamado “Plan B”.

La presidenta ha dejado claro que el fracaso de una reforma constitucional no significa renunciar al proyecto. El plan alterno consiste en avanzar por rutas secundarias: reformas legales ordinarias, ajustes administrativos y decisiones presupuestales que no necesiten mayoría calificada. Reducir financiamiento público a partidos, endurecer reglas de operación institucional y modificar mecanismos internos del sistema electoral pueden ejecutarse parcialmente sin tocar la Constitución.

Es una estrategia conocida: fragmentar una gran reforma en pequeñas decisiones acumulativas.

El cálculo político es evidente. Si no se puede ganar todo de una vez, se gana por partes.

Sin embargo, el costo político permanece. Porque esta votación también reveló algo más profundo: la coalición gobernante ya entró en una etapa donde cada aliado comienza a defender su propio futuro electoral.

Y cuando eso ocurre, cada iniciativa deja de ser solamente técnica para convertirse en una negociación de poder.

La reforma electoral no murió; simplemente abrió una nueva batalla.

Una donde ya no basta tener mayoría moral, narrativa presidencial o popularidad pública. Ahora también habrá que reconstruir disciplina política.

Y esa es quizá la prueba más delicada que enfrenta hoy la presidenta: demostrar que todavía puede ordenar a su propia mayoría sin fracturar el proyecto que la llevó al poder.

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