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México

México retrocede en seguridad pública.

México ha dado un paso atrás al avanzar en la militarización de la seguridad pública y alejarse de un enfoque basado en derechos humanos, denunciaron al unísono el viernes la ONU y otras entidades nacionales e internacionales, mientras en México los críticos con esta medida preparan recursos para combatirla en los tribunales.

Las organizaciones coincidieron en lamentar los cambios legales aprobados por el Senado durante la madrugada que dejan a la Guardia Nacional bajo mando militar a pesar de que ese cuerpo creado en 2019 se puso en marcha, precisamente, para tener una renovada fuerza civil que permitiera que los militares fueran poco a poco dejando las labores policiales y regresaran a los cuarteles.

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Pero tres años después, la Guardia, que ya estaba integrada en un 80% por miembros del ejército y la marina, queda ahora controlada operativa y administrativamente por el Secretario de la Defensa, algo que la Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, calificó como un “retroceso en seguridad pública” que implica dejar a México sin una fuerza policial civil nacional con la cual enfrentar la persistente violencia.

Distintas entidades llevan más de una década alertando de los peligros de la militarización de las labores policiales con el argumento de que las fuerzas armadas no están entrenadas para esos fines y no tienen sistemas de rendición de cuentas adecuados en casos de abusos, por lo que si comenten algún crimen suele imperar la impunidad, según los críticos.

Sin embargo, el gobierno actual ha decidido mantener a los militares en esas tareas, tanto con la ley que quedó definitivamente aprobada el viernes como con su intención de prolongar la labor de las fuerzas armadas en seguridad pública más allá de 2024, como establece la Constitución ahora.

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el visto bueno del Congreso a su plan pero advirtió que “la Guardia Nacional debe cuidarse para que no se caiga en el mismo error que se padeció con la llamada ‘Policía Federal Preventiva’ que se pudrió”.

La Policía Federal fue disuelta en 2019 al ser considerada muy corrupta. Algunos de sus elementos se integraron a la Guardia Nacional.

Con las nuevas leyes, este cuerpo, además de depender del jefe del ejército, tendrá más atribuciones de investigación e inteligencia y estará cobijado bajo la justicia militar.

Tanto organizaciones civiles como miembros de los partidos de oposición ya han anunciado que recurrirán a las leyes ante la Suprema Corte de Justicia por inconstitucionales ya que la Carta Magna mexicana se reformó en 2019 precisamente para garantizar el carácter civil de la guardia.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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