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México se mantiene como el país más peligroso para ejercer el periodismo: RSF

Con 12 periodistas asesinados en 2017, México se colocó como la nación más peligrosa para la profesión, y permanece entre las 50 con menos libertad de prensa en el planeta.

Por segundo año consecutivo, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubicó al país en el lugar 147 de 180 en su Índice de Libertad de Prensa en el Mundo 2018.

Según RSF, la situación en lo que corresponde a libertad de prensa está peor en México que en Honduras, Afganistán o Guatemala.

Y en Venezuela el índice cayó seis lugares en un año, lo que contrasta con las repetidas críticas que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha expresado contra el gobierno de Nicolás Maduro.

México, más peligroso para periodistas que Siria y Afganistán, alertan RSF y Artículo 19

Los periodistas mexicanos asesinados el año pasado fueron: Salvador Adame Pardo, Filiberto Álvarez Landeros, Miroslava Breach Velducea, Edgar Esqueda Castro, Ricardo Monlui Cabrera, Cecilio Pineda Brito, Luciano Rivera, Gumaro Pérez Aguilando, Cándido Ríos, Maximino Rodríguez Palacios, Jonathan Rodríguez Córdoba y Javier Valdez Cárdenas.

Para determinar el Índice de la Libertad de Prensa por país, RSF evalúa seis factores: el entorno y la autocensura, la independencia de los medios, el pluralismo, la transparencia, la infraestructura y el marco legislativo.

La versión 2018 de dicho índice retrata una situación aterradora para la libertad de prensa en el mundo: muestra que no sólo sufre embestidas de los “tradicionales” regímenes autoritarios, sino de “cada vez más” líderes políticos electos de manera democrática, entre ellos Donald Trump, el presidente filipino Roberto Duterte o el checo Milos Zeman.

“La hostilidad hacia los medios, abiertamente fomentados por líderes políticos, y los esfuerzos de regímenes autoritarios de exportar su visión del periodismo, representan una amenaza a las democracias”, advirtió la organización.

RSF aseveró que la Unión Europea (UE), el lugar más seguro para la libertad de prensa, no se escapó de la embestida global contra la libertad de prensa, debido a la llegada al poder de gobiernos ultraderechistas y el asesinato de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, en octubre pasado.

En México, los 12 periodistas señalados se sumaron a la trágica lista de profesionales de la información asesinados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, marcado a su vez por un incremento descontrolado de la violencia.

Hasta ahora, 40 nombres figuran en esa lista.

Proceso

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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