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México se suma a la propuesta de impedir que Estados Unidos controle el BID

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México ha tomado partido. Este viernes, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que se suma a la estrategia de la Unión Europea y Argentina para aplazar la elección del nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. La decisión de Donald Trump de postular, por primera vez en la historia del organismo, a un estadounidense derivó en una batalla diplomática por aplazar la votación, prevista para septiembre, hasta marzo, cuando es posible que haya un nuevo inquilino en la Casa Blanca. En un hilo publicado en Twitter, la secretaría de Hacienda mexicana ha dicho que la imposibilidad de reuniones presenciales, producto de la pandemia, justifica el aplazamiento “hasta que haya condiciones para ello”.

El BID, fundado en 1959, tiene un capital de más de 100.000 millones de dólares. Es el mayor banco regional y tiene a Estados Unidos como principal aportante. Con créditos por 12.000 millones, lidera la lista de ayudas al desarrollo en el continente. Un acuerdo no escrito reserva la dirección del banco a un latinoamericano, pero Trump decidió este año postular a Mauricio Claver-Carone. La elección estaba asegurada por el apoyo de Estados Unidos, que tiene el 30% de los votos, Brasil (11,3%), Colombia (3,1%) y otros países latinoamericanos comprometidos con Washington. Pero el avance de Trump no cayó bien en la Unión Europea y, sobre todo, en Argentina, que tiene a su propio candidato: Gustavo Beliz, actual secretario de Asuntos Estratégicos en la Casa Rosada. Sin los votos necesarios para vencer a Claver-Carone, la única salida posible es el aplazamiento.

La elección del presidente de @el_BID es de suma importancia para nuestra región. Lamentablemente, derivado de las restricciones por la pandemia del #Covid19, las últimas dos asambleas de gobernadores, responsabilidad que recae en los ministros de Finanzas, se han pospuesto.

Si todos los países de la Unión Europea (9,3%) se abstuvieran, junto con Argentina (11,3), Chile (3,1%) y México (7,3%), el quorum sería insuficiente. La elección, entonces, quedaría pospuesta hasta la siguiente asamblea de gobernadores, prevista para marzo de 2021. Desde hace semanas, las negociaciones pasan por conseguir el número mágico que permita el aplazamiento.

Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, envió el 30 de julio una carta a todos los gobiernos de la Unión Europea con capital en el BID en la que señalaba que la pandemia no permitía prestar “la atención necesaria” al relevo en el BID. Decía además que la posibilidad de que la dirección quedase en manos de un estadounidense rompe con una tradición defendida “por los presidentes Eisenhower y Kennedy, quienes acordaron la necesidad de fortalecer la identidad latinoamericana del banco”. “Cambiar este modelo es una política de largo alcance que solo puede ser el resultado de una reflexión tranquila”, dijo Borrel.

El jueves, Chile, un aliado tradicional de Washington, se sumó a la estrategia. En una presentación ante el Congreso, el canciller, Andrés Allamand, dijo que “desde su origen, el BID ha funcionado con una lógica de un presidente latinoamericano y un vicepresidente estadounidense, y no vemos razón para cambiar”. Faltaba aún conocer la posición diplomática de México. La respuesta llegó este viernes. “Desde que soy secretario [junio de 2019] se han cancelado tres reuniones. Una se canceló por un problema de geopolítica, porque iba a ser en China; la de Barranquilla [Colombia] se canceló por la covid; y también la de Washington. Desde hace año y medio no ha habido oportunidad de sentarnos a discutir cuál es la dirección que queremos que tome el Banco”, dice a EL PAÍS el secretario de Hacienda de México, Arturo Herrera.

Fuente: El País

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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