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México

México tiene las 8 ciudades más violentas del mundo, según ONG

México tiene las ocho ciudades más violentas del mundo, revela el ranking 2021 presentado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

De acuerdo con el reporte, con estos resultados México se consolida como «el epicentro mundial de la violencia urbana», debido a la política del Gobierno federal de «abrazos, no balazos».

«No es una casualidad, sino el resultado de la política de “abrazos, no balazos”, practicada por el gobierno del presidente AMLO, política que consiste en dejar a los grupos criminales en casi absoluta libertad de asesinar, desaparecer personas, extorsionar y robar», critica la organización.

Durante 2021 las ciudades más violentas del mundo, según el ranking, fueron las siguientes:

Zamora, Michoacán
Ciudad Obregón, Sonora
Zacatecas, Zacatecas
Tijuana, Baja California
Celaya, Guanajuato
Juárez, Chihuahua
Ensenada, Baja California
Uruapan, Michoacán

De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, Zamora es la segunda localidad con más alta violencia registrada desde que se realiza el ranking y sólo es superada por la tasa de Juárez, que contabilizó 229.06 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2010.

La organización advierte que las elevadas tasas de homicidios de las ciudades mexicanas sólo se vieron antes en regiones «como Medellín y Cali, entre finales de los años ochenta e inicios de los noventa, cuando los narcotraficantes escalaron al máximo su guerra contra el Estado colombiano y las matanzas entre facciones rivales».

«México es el país con el mayor número de ciudades violentas: 18 de 50», precisa el informe.

Además de las ciudades incluidas en el ranking, hay otras mexicanas que no llegan a los 300 mil habitantes pero tienen tasas por encima de los 100 homicidios por cada 100 mil habitantes, como es el caso de Fresnillo, Manzanillo, Guaymas y Tecate. Destaca esta urbe con una tasa de 247 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2021.

«Todo esto sin considerar el elevado número de desaparecidos en México, registrados sobre todo desde 2007. En 2021, según datos oficiales, 9,473 personas fueron desaparecidas. Muchas de esas personas fueron privadas de la libertad y luego asesinadas por sicarios de los grupos criminales, aunque sus cadáveres no aparecen», agregó la ONG.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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