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México

México urge liberación de Orión Hernández; tiene más de 100 días en poder de Hamás

El mexicano fue secuestrado junto a su novia Shani Louk, quien fue asesinada por Hamás.

Ciudad de México.- El Gobierno de México hizo ayer martes un llamado «urgente» a liberar rehenes en la Franja de Gaza, a más de 100 días de iniciado el conflicto.

Según cifras, Hamás capturó aquel día a 240 cientos de personas, de las que alrededor de 130 permanecen secuestradas, entre ellas un ciudadano mexicano.

«México hace un llamado urgente a las autoridades y actores involucrados en la región para apoyar de manera decidida las acciones encaminadas a la liberación inmediata de los rehenes y, en particular, del ciudadano mexicano Orión Hernández», apuntó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería) de México.

Además, expresó que «el Gobierno de México continuará realizando todas las gestiones necesarias hasta lograr su liberación y respaldará todo esfuerzo encaminado al establecimiento de una paz duradera en la región en estricto apego al derecho internacional».

El pasado 19 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su Gobierno «no toma partido ni por Israel ni por Palestina» pese a la remisión que envió el jueves a la Corte Penal Internacional (CPI) para que «investigue la probable comisión de crímenes de su competencia» en Gaza.

Sus declaraciones se dieron tras la remisión que México envió junto a Chile a la CPI que «obedece a la creciente preocupación por la última escalada de violencia, en particular en contra de objetivos civiles, y la presunta comisión continua de crímenes bajo la jurisdicción de la Corte», según explicó la Cancillería.

En tanto, la Embajada de Israel en México respondió en un posicionamiento que «lamenta el anuncio del Gobierno de México», pero ni López Obrador ni la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mencionaron presuntos crímenes cometidos por Israel, al argumentar que buscan la paz.

El mandatario sostuvo que la remisión que México envió a la CPI es porque busca hacer todo lo posible «para ayudar al diálogo, a la paz, en este lamentable enfrentamiento, o como se le llame».

«Lo que está en el fondo, lo que debe preocuparnos a todos, es que se están perdiendo vidas y no podemos ser insensibles, ya son más de 20.000 muertos, hay que buscar la paz, no se trata de condenar a nadie, sino cómo parar esa guerra inhumana, cruel, eso es lo que México plantea», argumentó.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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