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México urge liberación de Orión Hernández; tiene más de 100 días en poder de Hamás

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El mexicano fue secuestrado junto a su novia Shani Louk, quien fue asesinada por Hamás.

Ciudad de México.- El Gobierno de México hizo ayer martes un llamado «urgente» a liberar rehenes en la Franja de Gaza, a más de 100 días de iniciado el conflicto.

Según cifras, Hamás capturó aquel día a 240 cientos de personas, de las que alrededor de 130 permanecen secuestradas, entre ellas un ciudadano mexicano.

«México hace un llamado urgente a las autoridades y actores involucrados en la región para apoyar de manera decidida las acciones encaminadas a la liberación inmediata de los rehenes y, en particular, del ciudadano mexicano Orión Hernández», apuntó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería) de México.

Además, expresó que «el Gobierno de México continuará realizando todas las gestiones necesarias hasta lograr su liberación y respaldará todo esfuerzo encaminado al establecimiento de una paz duradera en la región en estricto apego al derecho internacional».

El pasado 19 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su Gobierno «no toma partido ni por Israel ni por Palestina» pese a la remisión que envió el jueves a la Corte Penal Internacional (CPI) para que «investigue la probable comisión de crímenes de su competencia» en Gaza.

Sus declaraciones se dieron tras la remisión que México envió junto a Chile a la CPI que «obedece a la creciente preocupación por la última escalada de violencia, en particular en contra de objetivos civiles, y la presunta comisión continua de crímenes bajo la jurisdicción de la Corte», según explicó la Cancillería.

En tanto, la Embajada de Israel en México respondió en un posicionamiento que «lamenta el anuncio del Gobierno de México», pero ni López Obrador ni la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mencionaron presuntos crímenes cometidos por Israel, al argumentar que buscan la paz.

El mandatario sostuvo que la remisión que México envió a la CPI es porque busca hacer todo lo posible «para ayudar al diálogo, a la paz, en este lamentable enfrentamiento, o como se le llame».

«Lo que está en el fondo, lo que debe preocuparnos a todos, es que se están perdiendo vidas y no podemos ser insensibles, ya son más de 20.000 muertos, hay que buscar la paz, no se trata de condenar a nadie, sino cómo parar esa guerra inhumana, cruel, eso es lo que México plantea», argumentó.

México

Caso Corral sale de Chihuahua: tribunal lo envía al fuero federal

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Un Tribunal Colegiado con sede en Chihuahua ordenó que el proceso penal contra el senador y exgobernador Javier Corral sea atraído por el fuero federal, dejando fuera a las autoridades estatales del conocimiento del caso por presunto peculado.

De acuerdo con el despacho de abogados Schütte & Delsol, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito resolvió el conflicto competencial 20/2025 y declaró que corresponde a la justicia federal conocer del expediente relacionado con la contratación del despacho López-Elías Finanzas Públicas para la reestructuración de la deuda pública estatal.

El tribunal determinó que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y el Juez de Control local deben desistirse del asunto y remitir la totalidad de los expedientes a las instancias federales, luego de que la Fiscalía General de la República ejerciera la facultad de atracción, decisión que ya había sido respaldada previamente por dos jueces federales.

Con esta resolución, será la Fiscalía General de la República, actualmente encabezada por Ernestina Godoy, la encargada de continuar con la investigación en el ámbito federal.

El equipo legal del exgobernador sostuvo que en el fuero local no se garantizaban los derechos de las víctimas ni de la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación del daño, y aseguró que el proceso iniciado en Chihuahua estuvo marcado por irregularidades.

Asimismo, los abogados reiteraron su confianza en que se acreditará la inocencia de Javier Corral, al considerar que las acusaciones en su contra derivan de una supuesta fabricación del delito por parte de autoridades estatales.

La investigación se originó por un contrato de 98.6 millones de pesos firmado durante su administración con el despacho López-Elías Finanzas Públicas, acuerdo que la Fiscalía Anticorrupción estatal señala como un posible caso de peculado.

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