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México

México vive la peor crisis de seguridad desde la Revolución: Durazo

México vive una situación de emergencia en materia de inseguridad, no registrada desde la época de la Revolución Mexicana, que en gran parte es resultado de la corrupción de los cuerpos de seguridad, reconoció el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

El funcionario dijo que durante muchos años, funcionarios han amparado y protegido a grupos delictivos, hecho que ha generado la crisis que actualmente se vive.

Esta situación que vivimos tiene que ver con asumir el compromiso que nos lleve a combatir a fondo también a la corrupción y las desviaciones en los cuerpos de seguridad en todos los niveles», manifestó.

Agregó que «por muchos años, la violencia y criminalidad se han sustentado en la desviación de funcionarios, que amparan y protegen a grupos y conductas delictivas, y el resultado ha sido la más grave crisis de violencia que ha vivido nuestro país, acaso desde la Revolución Mexicana”.

En este marco, el funcionario federal señaló que la lucha contra la inseguridad y la delincuencia no admite mezquindades ni regateos, mucho menos el cálculo político a la hora de concertar acciones.

Vivimos un tiempo de emergencia, para el que es fundamental la unidad, la inseguridad no es un asunto de hoy ni de ayer, es el resultado de una acumulación de años que llevará tiempo corregir, pero en cuya solución estamos empeñados al 100 por ciento, sin perder un minuto», dijo.

Al poner en marcha, junto al gobernador Silvano Aureoles, la segunda fase del Operativo Integral de Seguridad en la región de la Tierra Caliente, el funcionario federal puntualizó que no hay pretexto político o ideológico que pueda anteponerse a la responsabilidad de la institución, para garantizar la seguridad y poner fin a la impunidad.

La lucha contra la delincuencia es un asunto de Estado y como tal, requiere de la suma y voluntad política de todos”, expuso.

En este marco, Durazo anunció el despliegue, a partir del próximo mes de julio, de un total de cuatro mil 50 elementos en todo el territorio michoacano, el cual fue dividido en nueve regiones que se afinarán para que coincidan con la acción estatal y se pueda trabajar en conjunto.

Serán un total de cuatro mil 50 efectivos que se desplegarán paulatinamente en las distintas regiones de Michoacán, para venir a acompañar la iniciativa del gobernador y garantizar cuanto antes estándares razonables de seguridad y estabilidad”, manifestó.

Enfatizó que la Guardia Nacional será insuficiente si las corporaciones de seguridad estatal y municipal no se capacitan e incrementan su estado de fuerza.

Todo en conjunto es imprescindible para la seguridad”, por ello, dijo, si bien los gobiernos municipal, estatal y federal tenemos origen distinto, nada puede esgrimirse como obstáculo para responder demanda ciudadana de garantizar la seguridad», señaló.

En el evento, realizado en la plaza principal de Apatzingán, estuvieron los secretarios de la Marina, José Rafael Ojeda, y de la Defensa Nacional, Luis C. Sandoval, quienes apoyaron la postura de Alfonso Durazo sobre el trabajo conjunto.

El secretario de Seguridad dio a conocer que será el próximo julio cuando el Gobierno federal de a conocer el nuevo modelo nacional de Policía.

Dijo que se hará en un evento al que serán convocados todos los gobernadores del país.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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