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México y EU acuerdan lucha anticrimen transnacional

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En su primera reunión de trabajo desde que asumieron su encargo, la procuradora General de la República, Arely Gómez González, y su homóloga de Estados Unidos, Loretta E. Lynch, hicieron una revisión y balance del estado que guardan los temas de la agenda en materia de procuración justicia entre ambos países y se comprometieron a trabajar juntas para luchar contra el crimen organizado transnacional.

Durante el encuentro, que se llevó a cabo en las oficinas del Departamento de Justicia, en Washington, D. C., ambas funcionarias acordaron dar un nuevo impulso a la colaboración entre ambas naciones, en un contexto de reciprocidad y respeto, según informó la PGR en boletín.

La Procuradora General de los Estados Unidos de América, Loretta E. Lynch, indicó: “Me complace haber tenido la oportunidad de auspiciar este encuentro histórico y de reafirmar nuestra sociedad con la Procuraduría General de la República de México”.

“La procuradora Gómez González y yo estamos comprometidas a trabajar muy de cerca para luchar contra el crimen transnacional, en cualquiera de sus formas, ya sea el narcotráfico o el tráfico de personas; contra grupos violentos o defraudadores financieros. Juntas, construiremos sobre la base sólida de cooperación entre nuestros dos países para avanzar en la misión común que nuestras naciones comparten”.

Por su parte, la titular de la PGR abordó con su contraparte estadounidense el proceso de transformación de la institución, a partir de la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, así como de las reformas para transitar hacia una fiscalía general.

“Estamos cambiando a la institución, queremos una procuración de justicia moderna, transparente, de pleno respeto a los derechos humanos, basada en investigaciones científicas y técnicas, que ofrezcan resultados. De esta forma, se fortalecerá la confianza ciudadana”, afirmó la procuradora Gómez González.

Diario de Yucatán

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Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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