El Gobierno de México analiza la posibilidad de limitar el acceso de menores de edad a redes sociales como parte de una estrategia orientada a proteger su salud mental. Así lo confirmó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, quien explicó que actualmente se realizan consultas y análisis para evaluar posibles medidas regulatorias.
En entrevista con la agencia AFP, el funcionario señaló que la intención es abrir un debate público sobre el uso de plataformas digitales por parte de niños y adolescentes. Indicó que existe preocupación por el escaso control sobre los contenidos que consumen los menores y por los riesgos que pueden representar.
Delgado precisó que la discusión busca recoger experiencias y opiniones de padres de familia, docentes y comunidades educativas para definir qué tipo de límites podrían establecerse. Señaló que el objetivo es que las propuestas surjan de quienes conviven directamente con niñas, niños y adolescentes.
El titular de la Secretaría de Educación Pública explicó que entre las medidas que se analizan podrían contemplarse restricciones de edad para el uso de redes sociales, mayor supervisión parental y responsabilidades más claras para las empresas tecnológicas que operan estas plataformas.
“El Estado tiene la responsabilidad de la tutoría en la educación de los menores, por lo que debemos pensar en poner ciertos límites”, expresó Delgado al referirse a la necesidad de establecer reglas que ayuden a proteger a este sector de la población.
Añadió que la preocupación no se limita al tiempo que los menores pasan frente a las pantallas. También se relaciona con problemáticas como el ciberacoso, la violencia digital y la exposición a contenidos que podrían resultar inapropiados.
El funcionario indicó que México también observa las políticas adoptadas en otros países que ya han implementado regulaciones en esta materia. Entre los casos mencionó a Australia, donde la legislación limita el acceso de menores de edad a plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, además de establecer multas cercanas a 32 millones de dólares para las empresas que no adopten medidas razonables para cumplir con la norma.
“A mí me gusta el modelo australiano, personalmente”, expresó el secretario.
Hasta ahora no existe una iniciativa aprobada a nivel nacional sobre este tema. Sin embargo, la discusión ya se encuentra en el Gobierno federal y podría derivar en propuestas legislativas en los próximos meses.
