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México

Migrante en EU es amenazada por el abogado de su violador: “si va al juicio será deportada”

ANNAPOLIS, Maryland, EU (AP) — Un abogado defensor y un hombre que actuó como su intérprete fueron encausados por tratar de intimidar a una víctima de violación al plantearle la posibilidad de sufrir deportación si testificaba contra su cliente.
El abogado Christos Vasiliades fue arrestado cuando se presentó el martes en el Palacio de Justicia de Baltimore para el inicio del juicio por violación.
Un jurado investigador de Baltimore formuló cargos contra Vasiliades y su traductor Edgar Rodríguez por asociación delictuosa para obstruir la justicia y por intimidación a una víctima y a un testigo.
Vasiliades y Rodríguez, presuntamente, dijeron además a la mujer y a su esposo que su cliente podría obtener de ellos 3 mil dólares si el caso “era desechado” porque no se presentaron en el tribunal.
“Parte de esto, aducimos nosotros, es un anticuado soborno; pero la amenaza de que el testigo sería deportado es tristemente nueva, y pienso que se origina en el clima de temor en la comunidad inmigrante sobre el cambio en la política para las deportaciones”, dijo en entrevista con The Associated Press Brian Frosh, fiscal general de Maryland.
Según el acta acusatoria, el abogado y el traductor llamaron al esposo para decirle que el caso de su esposa se había “complicado más”, y la pareja aceptó reunirse con los hombres. Al sentirse amenazados después de esa reunión inicial, buscaron ayuda de las autoridades judiciales y éstas les dijeron que se reunieran nuevamente con ellos, pero esta ocasión grabarían lo que se dijera.
Los hombres dijeron a la pareja que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos “está observando este caso” e hicieron referencia a que las políticas del Presidente Donald Trump estaban creando un ambiente hostil para los migrantes en el país, consta en el acta.
“Ustedes saben cómo son las cosas ahora con las leyes de Trump; alguien va a la corte, y boom, se los llevan”, dijo Rodríguez durante la reunión.
“Ellos van a preguntar, ¿tiene sus documentos?’”, agregó Rodríguez.
Frosh dijo que escribió hace varios meses al Departamento de Seguridad Nacional para pedir que no arrestaran inmigrantes en tribunales, escuelas y hospitales.
“Si las víctimas de delito sienten que están en riesgo de ser deportadas si reportan un crimen, vamos a tener más crímenes”, dijo Frosh, cuya oficina trabajó con fiscales y la policía de Baltimore en este caso.
Vasiliades exhortó a la mujer y a su esposo a tomar el dinero y golpear a su cliente, quien fue identificado en documentos de la corte como Mario Aguilar Delossantos, en lugar de testificar en su contra.

Fuente: Sin Embargo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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