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México

Migrantes son agredidos en México, pese a Programa Frontera Sur: Diputada

En México los migrantes continúan siendo objeto de agresiones, pese a la entrada en vigor del Programa Frontera Sur, presentado por el Ejecutivo en julio del 2014; las acciones contra ellos se han endurecido al igual que para sus defensores, señaló la diputada Yesenia Nolasco Ramírez (PRD).

La legisladora por el Distrito Federal dijo que dicho programa de gobierno anunciaba la protección al migrante, así como el reordenamiento de fronteras; sin embargo, siguen registrándose acontecimientos que trastocan sus derechos humanos.

Ante ello, la diputada Nolasco Ramírez impulsa un punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), para que a través del Instituto Nacional de Migración (INM), haga públicos los alcances y resultados del denominado Programa Frontera Sur, a casi un año de operación.

Asimismo, insta a las mismas autoridades para que por conducto del INM y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se garantice y supervise, de manera precisa, la protección de los derechos a la igualdad y a la no discriminación de las personas migrantes que habitan o transitan por los estados y el Distrito Federal.

Nolasco Ramírez indicó que en los últimos seis meses, se reportan más de 92 mil indocumentados detenidos en los pasos de la frontera de nuestro país, lo que representa una cifra superior a la que posee Estados Unidos.

Estimó que de acuerdo con información del gobierno federal, anualmente ingresan de manera irregular por la frontera sur de México, alrededor de 171 mil migrantes, principalmente por Chiapas.

El documento señala que, según declaraciones del director de la oficina de Amnistía Internacional (AI) en México, Perseo Quiroz, calificó el programa como parte de una política migratoria que carece de perspectiva de derechos humanos.

En tanto, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), reportó que entre octubre del 2014 y abril del 2015, detuvo a 70 mil 448 migrantes no mexicanos, por lo que la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidieron al gobierno de México aumente medidas para proteger a los migrantes, principalmente a las niñas y niños.

Nolasco Ramírez informó que en su preocupación por la problemática, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado mexicano a aplicar los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza en los operativos de control migratorio; investigar de oficio los hechos; sancionar a los agentes responsables de violaciones de derechos humanos, y reparar a las víctimas de estas violaciones.

Fuente: XEU

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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