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Resto del mundo

Migrantes venezolanos son víctimas de explotación laboral en Brasil

Las alarmas sobre casos de explotación laboral se encendieron en el norte de Brasil con la llegada masiva de refugiados venezolanos al estado fronterizo de Roraima, en busca de trabajo, dinero y comida.

Las historias transcurren en silencio y en aparente normalidad, como la de E., una mujer de 27 años, periodista de formación. Junto a su marido, viajó en 2017 desde Caracas a Boa Vista, la capital de Roraima, huyendo de la crisis económica.

Con estudios universitarios, residencia temporal y documentación al día, E. consiguió en enero empleo en un restaurante. Contratada por un salario mínimo, fue informada de que sólo recibiría las propinas. Dos meses después ni eso ha cobrado. Trabaja apenas por comida.

«No quiero denunciarlos, por lo menos ahora estoy comiendo. Ojalá me pagaran también», dice E. que vive con cuatro familiares en un anexo.

«Hay mucha vulnerabilidad en esa ola migratoria, especialmente por la inseguridad alimenticia», explica Cleyton Abreu, coordinador del Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados en Boa Vista.

Así como E., otros venezolanos en Boa Vista están insatisfechos con las condiciones pero aceptan impulsados por la necesidad.

José Santaella, de 58 años, pedía trabajo en una esquina céntrica de la ciudad cuando una camioneta se detuvo a ofrecerle empleo en una hacienda.

La promesa inicial era de 600 reales (unos 190 dólares) por jornadas de sol a sol. Al cabo del primer mes, le fue descontada una quinta parte para pagar su alimentación, compuesta básicamente de «frijoles, cuscús y huesos».

Santaella consiguió huir y regresó a Boa Vista, donde divide un cuarto con su hija y diez personas. ¿Volvería a ir a una hacienda? «Si me garantizan el pago sí, necesito ayudar a la familia en Venezuela y aquí no hay trabajo ¿qué más puedo hacer?».

Resto del mundo

Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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