Debido a la increíble negligencia con que fue administrada en el pasado, la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) fue recibida con un adeudo de mil millones de pesos, afirmó Ismael Rodríguez.
El director de la dependencia, señaló que con una visión de largo plazo y con criterios sencillos de administración responsable, se buscará reducir en un 30 por ciento los costos administrativo-operativos en lo que resta de 2016.
El plan de austeridad, dijo, incluye la cancelación de teléfonos celulares innecesarios, así como el retiro y eventual venta de vehículos no utilitarios, además de acabar con los gastos superfluos, así como la reconfiguración de la estructura orgánica hacia la eficiencia.
“Nos preparamos para el 2017, para estar en condiciones de reactivar la inversión, controlar gastos y relacionarnos de una manera más eficiente y transparente en la atención a nuestros usuarios, especialmente a los más necesitados”, expresó.
En lo referente a infraestructura, dijo que entrarán en funcionamiento cuatro plantas tratadoras de aguas residuales, “construidas, pagadas e inauguradas sin operar y 3 de ellas sin terminar, que se mantienen en Ciudad Juárez, Parral, Madera y Guachochi”.
En Ciudad Juárez, pronto se pondrá en marcha un Plan Maestro de Drenaje Pluvial, como solución a las inundaciones, daños a la infraestructura y salubridad. “Es un insulto a nuestros ingenieros y especialistas, que en Ciudad Juárez sea necesario invertir más en reparar los colectores, que en la planeación y construcción de dicho sistema pluvial, que evitará la mezcla de agua de lluvia con aguas negras y sus graves consecuencias de insalubridad y riesgo para los juarenses”, afirmó.
En la región Delicias-Meoqui, después de ocho años de haber hecho la licitación, en 2017 dará inicio la construcción de una planta tratadora de aguas, para sanear las aguas residuales que actualmente contaminan el río San Pedro.
En busca de garantizar la verdadera autonomía, honestidad y sustentabilidad de las Juntas de Agua, se establecerá un marco técnico, jurídico y administrativo, en el que los ciudadanos, especialistas y el propio gobierno, converjan para asegurar la eficiencia y calidad en el servicio.
Desde ahora, ningún presidente de las Juntas podrá seguir decidiendo a conveniencia, la asignación de contratos y compras. Además, el marco jurídico de los consejos directivos, no permitirá que en las Juntas existan conflictos de interés en lo económico y en lo político, puntualizó.