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Miles de brasileños volvieron a protestar contra el Gobierno

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Miles de brasileños volvieron ayer a las calles para protestar en casi un centenar de ciudades del país contra la corrupción y para exigir la salida de la presidenta Dilma Rousseff, cuya popularidad está en mínimos históricos pese a que tiene poco más de cien días de su segundo mandato.

Las protestas fueron convocadas en las redes sociales por los mismos movimientos que se dicen independientes de los partidos políticos y que el 15 de marzo consiguieron congregar a cerca de dos millones de manifestantes en decenas de ciudades.

El número de manifestantes este domingo, sin embargo, fue muy inferior al del mes pasado, lo que fue minimizado por los organizadores e ignorado por el Gobierno, que en esta oportunidad se abstuvo de alinear ministros para dar respuestas.

En Sao Paulo, mayor ciudad de Brasil, uno de los principales fortines de la oposición y que el mes pasado registró una histórica protesta con cerca de un millón de personas, la marcha de hoy congregó a 275.000 manifestantes, casi la cuarta parte, según el primer cálculo divulgado por la policía.

En Brasilia el número de manifestantes cayó desde los 50.000 contabilizados por las autoridades el 15 de marzo hasta los cerca de 25.000 que, según la policía, marcharon hoy por la Explanada de los Ministerios, la ancha avenida de la capital del país sobre la que están ubicadas las principales sedes de los tres poderes.

En Río de Janeiro el número cayó de los 100.000 anunciados por los organizadores hace un mes a los 12.000 que marcharon hoy en la playa de Copacabana, y en Belo Horizonte de los 20.000 del 15 de marzo a 5.000 que la policía calculó hoy en la Plaza de la Libertad.

De acuerdo con el portal de noticias G1, las manifestaciones realizadas en al menos 156 ciudades de 25 de los 27 estados del país congregaron a unas 575.000 personas.

EFE

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Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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