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Miles de brasileños volvieron a protestar contra el Gobierno

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Miles de brasileños volvieron ayer a las calles para protestar en casi un centenar de ciudades del país contra la corrupción y para exigir la salida de la presidenta Dilma Rousseff, cuya popularidad está en mínimos históricos pese a que tiene poco más de cien días de su segundo mandato.

Las protestas fueron convocadas en las redes sociales por los mismos movimientos que se dicen independientes de los partidos políticos y que el 15 de marzo consiguieron congregar a cerca de dos millones de manifestantes en decenas de ciudades.

El número de manifestantes este domingo, sin embargo, fue muy inferior al del mes pasado, lo que fue minimizado por los organizadores e ignorado por el Gobierno, que en esta oportunidad se abstuvo de alinear ministros para dar respuestas.

En Sao Paulo, mayor ciudad de Brasil, uno de los principales fortines de la oposición y que el mes pasado registró una histórica protesta con cerca de un millón de personas, la marcha de hoy congregó a 275.000 manifestantes, casi la cuarta parte, según el primer cálculo divulgado por la policía.

En Brasilia el número de manifestantes cayó desde los 50.000 contabilizados por las autoridades el 15 de marzo hasta los cerca de 25.000 que, según la policía, marcharon hoy por la Explanada de los Ministerios, la ancha avenida de la capital del país sobre la que están ubicadas las principales sedes de los tres poderes.

En Río de Janeiro el número cayó de los 100.000 anunciados por los organizadores hace un mes a los 12.000 que marcharon hoy en la playa de Copacabana, y en Belo Horizonte de los 20.000 del 15 de marzo a 5.000 que la policía calculó hoy en la Plaza de la Libertad.

De acuerdo con el portal de noticias G1, las manifestaciones realizadas en al menos 156 ciudades de 25 de los 27 estados del país congregaron a unas 575.000 personas.

EFE

Resto del mundo

Estados Unidos se alista para atacar instalaciones militares en Venezuela vinculadas al narcotráfico

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La tensión entre Washington y Caracas alcanzó un nuevo punto crítico luego de que medios estadounidenses revelaran que el gobierno de Donald Trump se prepara para bombardear instalaciones militares dentro de Venezuela, como parte de una operación para debilitar al régimen de Nicolás Maduro y desmantelar las redes del narcotráfico controladas por el llamado Cártel de los Soles.

De acuerdo con reportes del Miami Herald y The Wall Street Journal, los ataques aéreos podrían iniciarse “en cuestión de días o incluso horas”. Aunque aún no se ha tomado una decisión final, fuentes cercanas a la Casa Blanca confirmaron que el plan contempla golpear puertos, aeropuertos y bases militares supuestamente utilizados para el tráfico de drogas.

Los funcionarios citados aseguran que la ofensiva busca forzar la salida de Maduro del poder y cortar las fuentes financieras del narcotráfico venezolano. “El tiempo de Maduro se está agotando”, afirmó una fuente consultada por el Herald, al señalar que “más de un general estaría dispuesto a entregarlo”.

El despliegue militar estadounidense en el Caribe ya está en marcha. El portaaviones USS Gerald R. Ford, considerado el buque de guerra más grande y avanzado del mundo, se dirige hacia las costas venezolanas acompañado por destructores, un submarino, aeronaves F-35B y aviones de patrulla P-8. Según el Pentágono, esta es la mayor movilización naval en la región desde la invasión de Panamá en 1989.

Washington ha justificado la operación bajo el argumento de combatir el narcotráfico transnacional, tras dos meses de ataques contra lanchas en el Caribe y el Pacífico que, de acuerdo con cifras oficiales, han dejado 61 muertos y tres sobrevivientes. “Estamos librando una guerra como nunca antes contra los cárteles, y la estamos ganando”, declaró Trump ante tropas estadounidenses en Japón.

La ofensiva ha provocado fuertes críticas internacionales. La ONU acusó al gobierno de Estados Unidos de violar el derecho internacional y denunció que los ataques marítimos recientes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. “Estos ataques, y su creciente costo humano, son inaceptables. Estados Unidos debe ponerles fin”, expresó el alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk.

En medio del despliegue militar, la tensión diplomática aumenta mientras la comunidad internacional observa con cautela una posible intervención directa. De concretarse los bombardeos, la operación marcaría un giro histórico en la política estadounidense hacia América Latina y abriría un nuevo capítulo de confrontación entre Washington y el régimen de Nicolás Maduro.

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