El 60 % del oro que se extrae de México está en manos de mineras de Canadá, es decir, 6 de cada 10 minas pertenecen a consorcios del país norteamericano, revela el medio «La Jornada».

Las empresas son Torex Gold, Agnico Eagle Mines, Equinox Gold, Alamos Gold, Pan American Silver y First Majestic, indica información de la Secretaría de Economía (SE).

La nota firmada por Sergio Ocampo afirma que, entretanto, dos están controladas por Fresnillo, una minera mexicana, y dos más por empresas de capital estadunidense: Coeur Mining y Newmont.

Las 6 minas que controlan los canadienses extraen anualmente alrededor de 35 mil kilogramos; 60 por ciento del total de oro; en tanto, las mexicanas, sacan 17 mil 300 kilos, 30 por ciento y las estadunidenses, 6 mil 800 kilos, 10 por ciento del total, según la información oficial.

Actualmente México no ha dado concesiones a mineras extranjeras, pero gobierno anteriores alrededor de 75 por ciento de las concesiones mineras de otros países, siendo de Canadá la mayoría, según la SE.

La minera canadiense First Majestic Silver Corp informó el martes que inició un proceso de arbitraje internacional contra el gobierno de México bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en medio de una disputa fiscal con las autoridades del país latinoamericano.

First Majestic había adelantado que apelaría por todas las vías legales, incluso en el ámbito internacional, una acusación de una presunta evasión de pago de impuestos, que México ha calculado en 11,000 millones de pesos (unos 544 millones de dólares).

«A pesar de los repetidos intentos de la compañía de alentar al gobierno de México a entablar negociaciones de buena fe para resolver la disputa, el Gobierno se ha negado a participar», dijo la firma de Canadá en un comunicado fechado en Vancouver.

La Secretaría de Economía de México, encargada de llevar los acuerdos comerciales del país, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el tema.

La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, iniciada en 2018, ha lanzado una campaña contra la evasión fiscal de grandes empresas, entre ellas multinacionales, y ha amenazado con cargos criminales e incluso con la cárcel si las compañías no pagan sus contribuciones pendientes.

La minera detalló que presentó la solicitud ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en propio nombre y el de su subsidiaria en México, Primero Empresa Minera (PEM), «con base en el Capítulo 11» del TLCAN, que estuvo vigente hasta junio de 2020.

First Majestic consideró que las acciones del Gobierno «son contrarias» a un acuerdo anticipado de precios sobre ingresos e impuestos de PEM para los años fiscales 2010 a 2014, que según la firma sigue vigente mientras no determine lo contrario la justicia local.

Fuente: El Imparcial