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México

Mireles llama ‘pirujas’ a concubinas

El subdelegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, llamó pirujas a las concubinas de los derechohabientes de la dependencia federal, a quienes acusa de pagar bajas cuotas y demandar atención médica más costosa para tratamientos de enfermedades crónicas.

El médico de profesión puso como ejemplo el caso de un paciente que necesita hemodiálisis cuyo costo por fuera del ISSSTE es de alrededor de mil 200 pesos y solo aportan a la institución de salud con las cuotas los empleados federales de 490 pesos, según Mireles Valverde.

Si afuera les cuesta mil 200 y aquí están pagando 490 al mes, al mes, y aparte de atender a este señor con hemodiálisis tenemos que atender a toda su familia, y tenemos que atender a la primera, yo le digo de otra manera porque soy terracalenteño, hay que atender a la primera piruja, a la segunda piruja, a la tercera, a la cuarta y hasta la quinta», señaló.

Esta declaración, fue evidenciada por portales de noticias en la entidad, quienes grabaron al exvocero de las autodefensas en un acto público del ISSSTE en Apatzingán, donde aseguró que los derechohabientes no solo piden atención para ellos, sus concubinas y descendientes, ahora dijo buscan atención para los novios de los hijos.

Ahora resulta que están viendo la forma de que atendamos al novio de los hijos del derechohabiente o a las novias de las hijas del derechohabiente, por favor, pero no aportan más y con los mismos 429 quieren que atendamos a todo su clan, no es justo, no es justo», afirmó.

José Manuel Mireles tiene un mes al frente de la subdelegación del ISSSTE en Michoacán y afirma ya ha tenido siete intentos de toma de la dependencia, pero recordó no le gustan las amenazas, porque él las resuelve de otra manera.

Si esa es la única forma que tienen de conseguir lo que quieren tengan aquí están las llaves de la delegación, no me amenacen, yo las amenazas las resuelvo de otra manera y ya se los demostré, se los dije así a algunos líderes sindicales», aseguró.

Recalcó que si los derechohabientes no pagan, lo que él considera cuotas más altas, no tienen derecho a exigir y demandar absolutamente nada.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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