Los estafadores suelen utilizar ingeniería social para robar datos y hacer extorsiones, pues son las propias víctimas quienes dan sus datos de manera inconsciente
Cuando alguien no podía completar los altos pagos comenzaban las extorsiones y amedrentamientos, no sólo a quien le dieron el dinero, sino a sus familiares y amigos, cuya información obtenían por medio de hackear celulares o ingeniería social. Luego de múltiples denuncias, las autoridades capitalinas actuaron y fueron detenidos y procesados.
Los montadeudas se extendían por varios estados y países
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, explicó para El Heraldo Radio que las tareas de desarticulación se llevaron a cabo tras meses de investigación. Este delito en específico aumentó en el último año en México un 458%, según un recuento del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.
«Son seis call centers que se intervinieron y que tenían a más de mil personas trabajando ahí. Se aseguraron 15 mil chips y 40 computadoras», detalló Sheinbaum. Además, comentó esta organización se extendía hasta:
No son el único tipo de estafas que se realizan desde call centers
En abril de este 2022, la firma de ciberseguridad ASLO señaló que en México, 90% de las extorsiones denunciadas fueron realizadas vía telefónica, además que el fraude bancario y al consumidor poseen 97.9% y 96.7% de cifra negra, según recogió el Canal Once.
Al respecto, Antonio Fajer, presidente de Pentafon empresa especializada en centros de contacto multicanal seguros, aseguró en entrevista para El Heraldo Digital que “desafortunadamente la industria no está exenta de esta diversificación del crimen organizado, que encontró también en este rubro un negocio adicional”.
Expuso que las células criminales suelen infiltrar personas dentro de los call center o contact center que atiende a usuarios de bancos y aseguradoras, para obtener información y utilizarla en fraudes y extorsiones. Más tarde, te hacen creer que son instituciones reguladas para que tú mismo les des la información a través de una serie de ingeniera social, con eso comenten de manera inmediata cargos a la tarjeta y transferencias.
“Hay toda una industria muy grande y pagan mucho… Encontramos en una investigación una red que operaba por Whatsapp y les pagaban 600 pesos por cada set de datos de una persona con ciertas características…. La única manera para controlar esto es por tecnología en los centros” , Antonio Fajer, presidente de Pentafon.
Mencionó que lamentablemente no hay datos duros del problema, “porque muchas veces no se denuncia y la institución hace control de daños y así evitar perder clientes, la información no es confiable, pero el problema es muy grave”, destacó.
¿Qué hacer para evitar caer en los montadeudas?
Fajer puntualizó que pese a estas prácticas, hay cosas que el usuario puede hacer para evitar convertirse en una víctima:
“La regla básica es: no dar datos a nadie. No hay ninguna razón por la cual tu tengas que darles datos vía teléfono a nadie, incluso a tu propio banco o tienda departamental porque en teoría ellos los tienen, en caso extremo, pedir un número, colgar revisar que es oficial y tú llamar.
Tristemente la ciudadanía no tiene mucha posibilidad de detectar si la llamada viene de un call center o contact center oficial, por lo que se deben extremar precauciones. En el caso extremo de que te llamen y tengas que dar información para un trámite, lo más recomendable es pedir un teléfono oficial, colgar y tú realizar la llamada, luego de constatar que el número pertenece a la institución.
La responsabilidad recae en las instituciones
El presidente de Pentafon aclaró que la responsabilidad para evitar la filtración y venta la tienen las grandes empresas, bancos y aseguradoras, ya que tiene que asegurarse que el equipo que contrata cumpla con las certificaciones mundiales de alto nivel que garanticen que la información está protegida con la tecnología más reciente.
Todas las personas que fueron víctima de esta cualquier red criminal, que denuncien a través del 911, de Locatel, al Consejo de Seguridad Ciudadana en el 55335533 y a través del Twitter o Facebook del Gobierno de la Ciudad de México, así como por los canales de la Procuraduría Federal del Consumidor y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exdirector de Desarrollo Tecnológico del extinto Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), fue detenido por autoridades federales por su presunta participación en un desvío millonario de recursos destinados al sistema penitenciario federal.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la captura se realizó el jueves, aunque no se precisó el lugar ni el destino al que fue trasladado. En el registro oficial se describe al detenido como un hombre de 1.63 metros de estatura, tez morena clara, barba y cabello entrecano, sin tatuajes visibles. Al momento de su detención vestía pantalón de mezclilla, playera color vino, chamarra café, botas grises y gorra del mismo tono.
Pérez Rodríguez es uno de los 61 exservidores públicos contra quienes se giraron órdenes de aprehensión en mayo de 2023. Entre los señalados también se encuentra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, así como diversos exmandos del sistema penitenciario federal. A todos se les imputan los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Fiscalía General de la República acusa a Pérez Rodríguez de participar en el desvío de 2 mil 950 millones de pesos mediante empresas factureras presuntamente relacionadas con Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la actriz y conductora Inés Gómez Mont, quien fue detenido en Miami, Estados Unidos. La investigación se centra en presuntas irregularidades en la administración de recursos asignados a los penales federales del país.
En la lista de implicados también figuran Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del OADPRS entre 2015 y 2016; Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración; Emmanuel Castillo Ruiz, extitular de la Coordinación General de Centros Federales; y Jorge Arnaldo Nava López, exdirector del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del desaparecido organismo.
El caso forma parte de una investigación de mayor alcance sobre el manejo de recursos públicos en el sistema penitenciario federal. Las autoridades mantienen abierta la indagatoria y no han informado aún sobre la situación jurídica del detenido ni sobre las acciones que seguirán en el proceso.