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México

Morena acusa un ‘golpe de Estado legislativo’ en Sonora

Alfonso Durazo Montaño, propuesta de Andrés Manuel López Obrador para encabezar la Secretaría de Seguridad Pública, y 21 diputados locales electos de Morena por Sonora, se pronunciaron en contra de las supuestas iniciativas de reforma constitucional que promulga la gobernadora Claudia Pavlovich en la entidad.

“En lo oscurito, sin informar al pueblo y buscando evadir su clamor de cambio profundo, se procesa una iniciativa de reforma constitucional, enviada por la Gobernadora, que pretende anular el poder de un futuro Congreso de mayoría opositora y debilitar al mismo tiempo la capacidad de los futuros presidentes municipales, de mayoría también opositora”, declaró Durazo sobre la situación actual del Congreso sonorense.

Este martes, desde su cuenta de Twitter y en un comunicado de prensa, Durazo y los futuros diputados por Sonora hicieron público su rechazo ante lo que calificaron como un “intento de golpe de Estado legislativo” por parte de la actual gobernadora de la entidad.

Entre los puntos que expresan los diputados que atentarían contra el Congreso y la futura legislatura se encuentran:

Conferencia a la gobernadora el veto parcial o presupuestar de las leyes e iniciativas del congreso.
Limitación de la facultad del Congreso para revisar la Cuenta Pública.
Prohibición a legisladores para llamar a comparecer a funcionarios.
Evitar que los Diputados remuevan a funcionarios .
La negativa a la disposición para que los Diputados puedan realizar reformas constitucionales salvo que cuenten con dos terceras partes de los ayuntamientos de la entidad.
Al respecto, dentro de dicho comunicado, los diputados electos manifestaron su apertura al diálogo con la titular del Poder Ejecutivo en Sonora y el respeto del Poder Legislativo futuro con mayoría de oposición.

Lilly Téllez, senadora de Morena electa por Sonora, aseguró a través de su cuenta de Twitter que la gobernadora intenta “arrebatar” las facultades del Congreso para asumirlas ella.

Hasta la noche de este martes, Claudia Pavlovich Arellano, actual gobernadora de Sonora y de militancia priista, no se ha pronunciado públicamente ante las mencionadas acusaciones.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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