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México

Morena asegura que recibieron un ‘país cementerio’

La oposición en la Cámara de Diputados exigió al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, devolver la paz a las calles y la tranquilidad a los hogares como comprometieron, mientras que Morena reprochó que se recibió “un país cementerio”, con policías devastadas.
En álgida comparecencia ante el pleno, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, reclamó que nunca como ahora, en lo que va de la existencia del actual gobierno, había sido sujeto de tan dura crítica en materia de seguridad.

Sin embargo, el funcionario aseguró que nunca como ahora se ha actuado con tanta prudencia, determinación y conciencia de sus responsabilidades ante la ciudadanía.

El diputado priista Héctor Yunes Landa pidió resultados en materia de seguridad y le recordó que fue el propio presidente de la República quien se fijó el plazo de seis meses para mejorar las condiciones de seguridad del país.

El plazo señor secretario ya se cumplió, lo que no se ha cumplido es el compromiso. Los mexicanos convivimos a diario con el luto de miles de hogares, con el drama del secuestro, con la impotencia del feminicidio, con la ansiedad de la extorsión. Esto no puede, esto no debe continuar”, sentenció.

Sin embargo, el líder de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, afirmó que el hecho que Durazo Montaño acuda a comparecer acompañado por los secretarios de Marina y la Defensa Nacional, es un mensaje muy claro: hay un equipo sólido, unido y profesional, al frente de la seguridad de la nación.

Criticó la estrategia de las pasadas administraciones en materia de seguridad. “Una estrategia que en los últimos años alentó una ola de criminalidad y muerte sin precedente para el país».

“En esas condiciones se recibió el gobierno, un país cementerio, con policías devastadas, con regiones completas y estructuras de gobierno cooptadas por la delincuencia y con una gran destrucción del tejido social”, expuso.

Afirmó que la estrategia seguida descansaba sobre un paradigma perverso: “nos teníamos que acostumbrar a los daños colaterales; inevitable, innecesario el derramamiento de sangre; las masacres; las muertes; los desaparecidos, para recuperar la paz”.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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