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Morena buscaría que 2021 sea el Año de las Fuerzas Armadas

La bancada del Movimiento Regeneración Nacional en el Senado buscaría en comisiones que 2021 sea considerado como el Año de las Fuerzas Armada de México, de acuerdo con los datos revelados por El Universal.

El medio informó que Lucía Meza, senadora que representa a Morena ante el Congreso, aseguró que la institucionalidad y lealtad de las Fuerzas Armadas, así como su actuar o protocolos en caso de desastre, emergencia o combate al crimen organizado, gozan de “un elevado reconocimiento social”.

Dicho proyecto se presentó el 15 de septiembre cuando se celebraba en nuestro país un aniversario más de la Independencia de México, aunque los festejos tuvieron un tinte diferente por los protocolos sanitarios en medio de una pandemia de COVID-19.

El documento, de acuerdo con el reportero Juan Arvizu, ya fue turnado a las comisiones de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, donde se encargarán de elaborar el dictamen que deberá llegar al pleno. Hasta el momento no se han dado fechas concretas de dicho procedimiento.

Lucía Virginia Meza Guzmán, graduada de la licenciatura en Administración Pública por la Universidad Latinoamericana, es senadora por la LXIV Legislatura elegida por mayoría relativa en la entidad de Morelos, en representación del Movimiento Regeneración Nacional.

Actualmente se desempeña como presidenta de la comisión de Juventud y Deporte, además de tener funciones en la Segunda Comisión de Trabajo: Reaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública.

También es integrante de las comisiones de Administración, Defensa Nacional, Hacienda y Crédito Público, Justicia, Seguridad Pública, Federalismo y Desarrollo Municipal, Trabajo y Previsión Social, así como del Comité Técnico del Fideicomiso de Inversión y Administración para Apoyar la Construcción y Equipamiento del Nuevo Recinto de la Cámara de Senadores.

En su trayectoria legislativa destaca que fue diputada local en la L legislatura del Congreso de Morelos, diputada local en la LII legislatura en el mismo estado, así como diputada federal en la LXIII legislatura.

También formó parte del PRD desde 1998 hasta 2017. Fungió como delegada nacional del partido, consejera estatal, candidata a la presidencia de Cuautla, Morelos, secretaria de la Mujer del Comité Ejecutivo Municipal, entre otros puestos.

Fuente: Infobae

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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