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México

Morena, el PRI y manifestantes paralizan Congreso de Hidalgo; granaderos entran a replegarlos

En los últimos siete días, las tomas de tribuna y peleas entre diputados de Morena y el PRI habían impedido terminar la sesión constitutiva de la LXIV Legislatura local. Ambos partidos dieron a conocer dos supuestas actas de integración de la Junta de Gobierno, una presidida por el PRI y la otra, encabezada por Morena.

En la sesión de este martes, que arrancó con una hora y 45 minutos de retraso, la priista Mayka Ortega Eguiluz quiso retomar la intervención que quedó pendiente el jueves 6 de septiembre, cuando un “duelo” de porras entre morenistas y priistas provocó que el presidente de la mesa directiva, Humberto Veras Godoy, decretara un receso, al considerar que no había las condiciones de orden.

Sin embargo, minutos después, en vez de permitir que Ortega completará su intervención, el morenista Veras Godoy cedió el turno a su compañera de partido, la diputada Doralicia Martínez Bautista, para que leyera un segundo acuerdo tomado, presuntamente, por los integrantes de la Junta de Gobierno.

En este documento, la fracción de Morena se quedaba con la presidencia en el primer año; el PRI, el segundo, y el PAN, el tercero. El documento exhibía firmas de Veras Godoy; además, del diputado de Nueva Alianza Marcelino Carbajal y la perredista Arely Miranda Ayala.

Ante la negativa de Veras Godoy de que Ortega finalizará su intervención, ésta pretendió tomar el micrófono de la tribuna; sin embargo, la bancada de Morena rodeó el estrado para impedir que la priista se acercara a Doralicia.

Esto provocó un caos en el Congreso, al cual se dieron cita trabajadores priistas, entre ellos Adriana Flores y el extitular de Reglamentos de Pachuca, Levi Leines, quienes —durante cerca de media hora que duró la lectura del segundo acuerdo— no dejaron de corear frases como “¡Respeto a la ley!” y “¡Fuera Sosa!”, en referencia al presidente del patronato universitario de la UAEH, Gerardo Sosa Castelán, a cuyo grupo pertenecen ocho de 17 legisladores de Morena.

Al desorden siguió la exhibición de cartulinas en las que se leían leyendas como “Diputados sí, porros no” por parte de los diputados priistas Mayka Ortega, Julio Valera Piedras, María Luisa Pérez y Adela Pérez Espinoza.

Cuando ingresaron los trabajadores los diputados afines al Grupo Universidad abandonaron el pleno y, en defensa de la tribuna, quedaron los diputados Víctor Guerrero Trejo, Doralicia Martínez y Susana Ángeles, quienes soportaron empujones e insultos, además de acusaciones sobre la existencia de aviadores en el Congreso.

Posteriormente, al recinto legislativo ingresaron granaderos, quienes trataron de replegar a los manifestantes, pero lo lograron solo parcialmente.

Minutos más tarde, pasadas las diez de la noche, Valera Piedras pidió a los diputados de Morena dialogar en la torre legislativa y tomar los acuerdos correspondientes; mientras, decenas de manifestantes gritaban consignas como “¡Sosa represor!” y “¡Sosa asesino!”.

Fue cerca de la medianoche, después de una semana en la que se intentó concluir la sesión constitutiva, que la “normalidad” volvió al Congreso estatal, con dos actas y supuestos acuerdos en el orden del día, que, según cada grupo, dicta que existen dos Juntas de Gobierno.

Fuente: Animal Político

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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