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Morena pide que Inegi pueda entrar a las casas a revisar el patrimonio

El partido Morena propone revisar y gravar el patrimonio de todas las personas, advirtió el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther.

En Twitter, señaló que el partido «propone un ‘nuevo Estado’, donde el Inegi revise el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas».

Añadió que también pretende que se grave la propiedad, la riqueza y el ingreso y que la Cofece evite el sobreprecio que se impone al momento de adquirir».

Ello, luego de que Morena emitió un documento titulado «El Bienestar social y la lucha contra la desigualdad pueden iniciar los trabajos para el diálogo y el acuerdo nacional».

En el texto, de casi dos cuartillas y media, Alfonso Ramírez Cuellar, presidente del partido, explica que «la magnitud de la emergencia económica y sanitaria así lo demanda».

Nuevas reglas de convivencia
«El punto de partida y el desenlace de las nuevas reglas de convivencia social es, sin lugar a duda, el tema del Bienestar».

La propuesta pide «medir la concentración de la riqueza», aplicar una «progresividad fiscal», es decir que paguen más los que más tienen, y dar mayores facultades a la Comisión Federal de Competencia Económica.

De esta manera, pretende una reforma constitucional que permita al Inegi ingresar a las casas de los ciudadanos para revisar su patrimonio inmobiliario, a fin de medir la concentración de la riqueza.

Revisar el patrimonio financiero
Plantea que el organismo también tenga la facultad legal de revisar el patrimonio financiero de las personas, en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El líder morenista señala que el Inegi debe presentar cada dos años un informe que dé cuenta de la riqueza de cada persona.

Agrega que ya no es suficiente la medición del ingreso y gasto de las familias mexicanas por deciles, como hace el Inegi.

Sin impedimento legal
“La información por deciles es buena. Pero se requiere descomponer la composición del X (décimo) decil y ver los componentes y los estratos que lo integran».

«El Inegi debe entrar, sin ningu?n impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas».

«Cada dos an?os debe de dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano».

«También debe tener acceso a las cuentas del Servicio de Administracio?n Tributaria y a toda la informacio?n financiera y bursa?til de las personas”.

Agencias

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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