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Morena presenta queja ante INE por tarjetas de Anaya

Morena presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la coalición ‘Por México al Frente’ por el reparto de la tarjeta “Ingreso Básico Universal”.

Con dicha tarjeta, precisó Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE, el Frente compromete el voto ciudadano bajo la promesa de entregar dinero a quienes apoyen al candidato presidencial Ricardo Anaya.

En la queja explicó que integrantes de la coalición reparten las tarjetas en los domicilios de los ciudadanos y les ofrece un pago de mil 500 pesos al mes en caso de que Anaya gane la Presidencia.

Consideró que esto es un abuso, ya que el PAN, el PRD y MC se aprovechan de la necesidad de la gente para generar un esquema de clientelismo, con lo que se viola la ley y la equidad de la contienda electoral.

El carácter clientelar se genera con estas promesas, en las que se recaba un padrón electoral para mantener presionados a los votantes, comprometiéndolos a ejercer un sufragio absolutamente manipulado. Es evidente que el compromiso y la tarjeta entregada transgreden la normatividad electoral, pues se presiona al electorado a través de la entrega de certificados y tarjetas denominadas Ingreso Básico Universal”, opinó.

Argumentó que con esto se oferta un beneficio directo, mediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio.

Añadió que Anaya replica las prácticas que tanto critica y que incluso, ha denunciado, pues está desesperado porque va abajo en las encuestas.

Ante ello, Duarte solicitó a las autoridades electorales ejercer medidas cautelares, suspender la entrega de las tarjetas, así como aplicar las sanciones respectivas, ya que a todas luces se infringen leyes reglamentarias en materia electoral, además de que se condiciona el voto.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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