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Mueren 26 guerrilleros en un bombardeo a las FARC

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Un nuevo incidente armado volvió a sacudir ayer el dificultoso proceso de paz en Colombia. La Fuerza Aérea colombiana bombardeó un campamento de las FARC en el departamento de Cauca, al suroeste del país, y mató a 26 combatientes. La respuesta de la organización guerrillera fue suspender el cese del fuego unilateral que había declarado en diciembre pasado.

«No estaba en nuestra perspectiva la suspensión de la determinación del cese al fuego unilateral e indefinido proclamado el 20 de diciembre de 2014 como un gesto humanitario y de desescalamiento del conflicto, pero la incoherencia del gobierno de Juan Manuel Santos lo ha logrado», afirmó el movimiento rebelde en un comunicado publicado en Internet.

El blanco del bombardeo, realizado entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, fue un campamento del «Frente 29» de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cerca del municipio de Guapi, a 480 km al suroeste de Bogotá. Muchos lo ven como un acto de represalia por la emboscada que los guerrilleros realizaron el 15 de abril pasado en la misma zona, y que causó la muerte de 11 soldados colombianos.

En ese momento las FARC calificaron la emboscada como «defensiva», ante las continuas incursiones del Ejército. «Sea emboscada, contraemboscada, asalto; lo que tenemos que mirar es que hay unos colombianos muertos y es lo que hay que parar», había argumentado el líder guerrillero Félix Antonio Muñoz. Al día siguiente, Santos ordenó reanudar los bombardeos sistemáticos contra campamentos rebeldes, cuya consecuencia más grave ocurrió ayer.

El jefe guerrillero Pastor Alape, que integra el llamado secretariado o máxima línea de mando de las FARC y es uno de los negociadores en La Habana, sostuvo en Twitter que los guerrilleros «fueron asesinados bajo la profunda noche y en pleno sueño, con bombas de 250 kilos sin oportunidad de combatir; es un acto alevoso y degradante».

Según las FARC, el cese al fuego se suspende «luego de cinco meses de ofensivas terrestres y aéreas contra nuestras estructuras en todo el país». De todos modos, los rebeldes afirmaron que mantendrán las conversaciones de paz. «Contra nuestra voluntad tenemos que proseguir el diálogo en medio de la confrontación», dijeron en el comunicado.

A raíz de este nuevo incidente, ayer se suspendió a última hora una «reunión conjunta» en La Habana de las delegaciones del gobierno y las FARC, en la que se esperaba que informaran sobre el inicio del desminado acordado en marzo. Sin embargo, ambas delegaciones volverán a dialogar hoy, tal como estaba previsto.

El intento de frenar la escalada del conflicto por ambas partes sin alcanzar un cese al fuego definitivo no dio los frutos esperados. «La violencia afecta al proceso y no permite a las partes avanzar en la negociación; es una crisis muy seria», señala Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (Cerac).

Según el analista, es el momento de «acordar muy rápidamente un cese al fuego definitivo», y para ello sería útil «la presión internacional». Santos se niega a declarar una tregua para evitar un fortalecimiento de la guerrilla durante las conversaciones de paz.

«Desde el día que se iniciaron las negociaciones de La Habana he sido muy claro en que las operaciones de nuestras Fuerzas Armadas contra la subversión no se detendrían, y no se detendrán», insistió ayer el mandatario. Santos, promotor de las conversaciones que se desarrollan desde noviembre de 2012 en Cuba para poner fin a más de 50 años de conflicto armado, hizo un llamado a «acelerar las negociaciones».

Hasta ahora las partes alcanzaron acuerdos parciales en reforma rural, participación política y drogas ilícitas, pero faltan por consensuar el tema de las víctimas, el desarme y el mecanismo para refrendar un eventual pacto final. El conflicto armado, en el que participaron tanto grupos guerrilleros como paramilitares, dejó al menos 220.000 muertos y más de seis millones de desplazados, según cifras oficiales.

Fuente: Clarín

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Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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