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Mueren 26 guerrilleros en un bombardeo a las FARC

Un nuevo incidente armado volvió a sacudir ayer el dificultoso proceso de paz en Colombia. La Fuerza Aérea colombiana bombardeó un campamento de las FARC en el departamento de Cauca, al suroeste del país, y mató a 26 combatientes. La respuesta de la organización guerrillera fue suspender el cese del fuego unilateral que había declarado en diciembre pasado.

«No estaba en nuestra perspectiva la suspensión de la determinación del cese al fuego unilateral e indefinido proclamado el 20 de diciembre de 2014 como un gesto humanitario y de desescalamiento del conflicto, pero la incoherencia del gobierno de Juan Manuel Santos lo ha logrado», afirmó el movimiento rebelde en un comunicado publicado en Internet.

El blanco del bombardeo, realizado entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, fue un campamento del «Frente 29» de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cerca del municipio de Guapi, a 480 km al suroeste de Bogotá. Muchos lo ven como un acto de represalia por la emboscada que los guerrilleros realizaron el 15 de abril pasado en la misma zona, y que causó la muerte de 11 soldados colombianos.

En ese momento las FARC calificaron la emboscada como «defensiva», ante las continuas incursiones del Ejército. «Sea emboscada, contraemboscada, asalto; lo que tenemos que mirar es que hay unos colombianos muertos y es lo que hay que parar», había argumentado el líder guerrillero Félix Antonio Muñoz. Al día siguiente, Santos ordenó reanudar los bombardeos sistemáticos contra campamentos rebeldes, cuya consecuencia más grave ocurrió ayer.

El jefe guerrillero Pastor Alape, que integra el llamado secretariado o máxima línea de mando de las FARC y es uno de los negociadores en La Habana, sostuvo en Twitter que los guerrilleros «fueron asesinados bajo la profunda noche y en pleno sueño, con bombas de 250 kilos sin oportunidad de combatir; es un acto alevoso y degradante».

Según las FARC, el cese al fuego se suspende «luego de cinco meses de ofensivas terrestres y aéreas contra nuestras estructuras en todo el país». De todos modos, los rebeldes afirmaron que mantendrán las conversaciones de paz. «Contra nuestra voluntad tenemos que proseguir el diálogo en medio de la confrontación», dijeron en el comunicado.

A raíz de este nuevo incidente, ayer se suspendió a última hora una «reunión conjunta» en La Habana de las delegaciones del gobierno y las FARC, en la que se esperaba que informaran sobre el inicio del desminado acordado en marzo. Sin embargo, ambas delegaciones volverán a dialogar hoy, tal como estaba previsto.

El intento de frenar la escalada del conflicto por ambas partes sin alcanzar un cese al fuego definitivo no dio los frutos esperados. «La violencia afecta al proceso y no permite a las partes avanzar en la negociación; es una crisis muy seria», señala Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (Cerac).

Según el analista, es el momento de «acordar muy rápidamente un cese al fuego definitivo», y para ello sería útil «la presión internacional». Santos se niega a declarar una tregua para evitar un fortalecimiento de la guerrilla durante las conversaciones de paz.

«Desde el día que se iniciaron las negociaciones de La Habana he sido muy claro en que las operaciones de nuestras Fuerzas Armadas contra la subversión no se detendrían, y no se detendrán», insistió ayer el mandatario. Santos, promotor de las conversaciones que se desarrollan desde noviembre de 2012 en Cuba para poner fin a más de 50 años de conflicto armado, hizo un llamado a «acelerar las negociaciones».

Hasta ahora las partes alcanzaron acuerdos parciales en reforma rural, participación política y drogas ilícitas, pero faltan por consensuar el tema de las víctimas, el desarme y el mecanismo para refrendar un eventual pacto final. El conflicto armado, en el que participaron tanto grupos guerrilleros como paramilitares, dejó al menos 220.000 muertos y más de seis millones de desplazados, según cifras oficiales.

Fuente: Clarín

Resto del mundo

Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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