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Mueren 26 guerrilleros en un bombardeo a las FARC

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Un nuevo incidente armado volvió a sacudir ayer el dificultoso proceso de paz en Colombia. La Fuerza Aérea colombiana bombardeó un campamento de las FARC en el departamento de Cauca, al suroeste del país, y mató a 26 combatientes. La respuesta de la organización guerrillera fue suspender el cese del fuego unilateral que había declarado en diciembre pasado.

«No estaba en nuestra perspectiva la suspensión de la determinación del cese al fuego unilateral e indefinido proclamado el 20 de diciembre de 2014 como un gesto humanitario y de desescalamiento del conflicto, pero la incoherencia del gobierno de Juan Manuel Santos lo ha logrado», afirmó el movimiento rebelde en un comunicado publicado en Internet.

El blanco del bombardeo, realizado entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, fue un campamento del «Frente 29» de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cerca del municipio de Guapi, a 480 km al suroeste de Bogotá. Muchos lo ven como un acto de represalia por la emboscada que los guerrilleros realizaron el 15 de abril pasado en la misma zona, y que causó la muerte de 11 soldados colombianos.

En ese momento las FARC calificaron la emboscada como «defensiva», ante las continuas incursiones del Ejército. «Sea emboscada, contraemboscada, asalto; lo que tenemos que mirar es que hay unos colombianos muertos y es lo que hay que parar», había argumentado el líder guerrillero Félix Antonio Muñoz. Al día siguiente, Santos ordenó reanudar los bombardeos sistemáticos contra campamentos rebeldes, cuya consecuencia más grave ocurrió ayer.

El jefe guerrillero Pastor Alape, que integra el llamado secretariado o máxima línea de mando de las FARC y es uno de los negociadores en La Habana, sostuvo en Twitter que los guerrilleros «fueron asesinados bajo la profunda noche y en pleno sueño, con bombas de 250 kilos sin oportunidad de combatir; es un acto alevoso y degradante».

Según las FARC, el cese al fuego se suspende «luego de cinco meses de ofensivas terrestres y aéreas contra nuestras estructuras en todo el país». De todos modos, los rebeldes afirmaron que mantendrán las conversaciones de paz. «Contra nuestra voluntad tenemos que proseguir el diálogo en medio de la confrontación», dijeron en el comunicado.

A raíz de este nuevo incidente, ayer se suspendió a última hora una «reunión conjunta» en La Habana de las delegaciones del gobierno y las FARC, en la que se esperaba que informaran sobre el inicio del desminado acordado en marzo. Sin embargo, ambas delegaciones volverán a dialogar hoy, tal como estaba previsto.

El intento de frenar la escalada del conflicto por ambas partes sin alcanzar un cese al fuego definitivo no dio los frutos esperados. «La violencia afecta al proceso y no permite a las partes avanzar en la negociación; es una crisis muy seria», señala Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (Cerac).

Según el analista, es el momento de «acordar muy rápidamente un cese al fuego definitivo», y para ello sería útil «la presión internacional». Santos se niega a declarar una tregua para evitar un fortalecimiento de la guerrilla durante las conversaciones de paz.

«Desde el día que se iniciaron las negociaciones de La Habana he sido muy claro en que las operaciones de nuestras Fuerzas Armadas contra la subversión no se detendrían, y no se detendrán», insistió ayer el mandatario. Santos, promotor de las conversaciones que se desarrollan desde noviembre de 2012 en Cuba para poner fin a más de 50 años de conflicto armado, hizo un llamado a «acelerar las negociaciones».

Hasta ahora las partes alcanzaron acuerdos parciales en reforma rural, participación política y drogas ilícitas, pero faltan por consensuar el tema de las víctimas, el desarme y el mecanismo para refrendar un eventual pacto final. El conflicto armado, en el que participaron tanto grupos guerrilleros como paramilitares, dejó al menos 220.000 muertos y más de seis millones de desplazados, según cifras oficiales.

Fuente: Clarín

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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