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Mueren más en las zonas contaminadas; Semarnat alerta por impacto en salud

El polígono geográfico con alto impacto ambiental que va del río Santiago, en Jalisco, al río Coatzacoalcos, en Veracruz, concentra 78% de las muertes por coronavirus a nivel nacional, de acuerdo con la Ssa y la Semarnat.

Para Víctor Manuel Toledo, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, esta situación revela una doble crisis sanitaria que urge resolver, ya que, una vez más, se demuestra la conexión salud ambiental-salud humana.

Lo anterior se dio a conocer en la cuarta reunión de seguimiento del llamado Toxitour, realizada de manera virtual, en la que también participaron Jorge Alcocer, secretario de Salud, y María Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt.

Toledo admitió que la contaminación de ríos y cuencas es un pendiente que ha costado vidas y quienes lo padecen son más vulnerables ante la pandemia.

Álvarez-Buylla dijo que la emergencia desnuda condiciones precarias de vida ligadas a enfermedades crónico-degenerativas.

Alcocer consideró que la llegada del COVID-19 es una oportunidad para la recuperación ambiental, como pasó en China, donde se logró revertir la contaminación en el aire y el agua gracias al confinamiento.

El Toxitour es una iniciativa en la que expertos recorren el país para documentar el impacto de la polución sobre la salud.

VIRUS, MÁS LETAL EN ÁREAS CONTAMINADAS

El 78% de las muertes por COVID-19 a nivel nacional se concentra en las zonas con mayor impacto ambiental, dentro de un polígono que abarca del río Santiago, en Jalisco, hasta el río Coatzacoalcos, en Veracruz, según cifras de la Semarnat y la Secretaría de Salud.

Al respecto, el secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, señaló que estos decesos revelan una doble crisis sanitaria que urge resolver, ya que una vez más queda demostrada la interconexión que existe entre la salud ambiental y la salud humana.

Lo anterior se dio a conocer durante la cuarta reunión de seguimiento del llamado Toxitour, realizada de manera virtual, en la que participó también el titular de la Ssa, Jorge Alcocer, y la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla.

Víctor Toledo recordó que una de las primeras problemáticas socioambientales y de salud que asumió al llegar a la Semarnat fue la contaminación de ríos y cuencas, ya que es un pendiente ambiental que ha costado la vida a muchas personas y quienes la padecen actualmente se vuelven más vulnerables ante la pandemia.

Por su parte, María Elena Álvarez-Buylla señaló que, en estos momentos, lo importante es sustentar esta doble emergencia sanitaria, ya que no sólo desnuda las condiciones de vida precarias asociadas a muchas enfermedades crónico-degenerativas y que llevan a las persona afectadas por el COVID-19 a un desenlace trágico, sino que se añade el fenómeno de la toxicidad ambiental y sus implicaciones, lo que recrudece los efectos de otras enfermedades.

Indicó que, desde el Conacyt, se busca la construcción de un Sistema Nacional de Toxicología como una alternativa de investigación e incidencia que contribuya en la solución de los problemas socioambientales en México.

El compromiso es echar a andar este proyecto con altísima prioridad y darle el presupuesto necesario para atender, desde la articulación de las capacidades de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, esta emergencia que se sobrepone la nueva emergencia que representa el COVID-19”, dijo.

En tanto, Alcocer consideró que, a pesar de las afectaciones, con la llegada del COVID-19 se presentan oportunidades para descubrir que es posible ayudar a la recuperación de la salud ambiental.

Explicó que un ejemplo de ello es lo ocurrido en China, donde se registra una importante recuperación en el aire y el agua, debido a que la gente se confinó en sus casas durante la etapa más grave de la pandemia, lo que atemperó y abrió la posibilidad de revertir toda la complejidad que enfrenta la región.

Fuente: Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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