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Opinión

Muerte social: La vida después de la sentencia. Por Alaín González

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La constitución en su artículo 18 dicta que tenemos como derecho fundamental la reinserción social de las personas privadas de su libertad. En el segundo párrafo de dicho artículo se ordena al sistema penitenciario que se conduzca con base en el respeto a los derechos humanos, del trabajo, de la capacitación, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción de los sentenciados a la sociedad.

“Después de la sentencia”

Pero el México que retrata la carta magna y las distintas leyes que de ella emanan no es más que una utopía cuando se trata de la reinserción. Historias como las que recoge la asociación civil “Reinserta” nos confirman que, en nuestro país, la reinserción es un mito.

Estela salió de prisión en mayo del 2017, estuvo cerca de 16 años, acusada de corrupción de menores. Al salir, tomó un taxi rumbo al hotel donde vivía junto a su familia, solo que al llegar no encontró a nadie. Pidió una habitación, misma que le fue fiada por el dueño, quien la reconoció. Al día siguiente, eligió una falda corta y las mismas botas con las que entró a prisión para regresar al trabajo que realizaba antes de ser detenida: la prostitución.

Su historia no es la única. Miles de casos como el de Estela se repiten en distintas ciudades del país. Personas que cumplen condenas largas y que son regresadas a la sociedad sin ningún tipo de herramienta que los ayude a reintegrarse a una sociedad que ya no es la que ellos conocían; las calles son diferentes, la gente, en el mejor de los casos, ya no los reconoce, y en el peor, ya no están, y el gobierno que tenía la obligación legal de acompañarlos, no lo hace.

Mientras tanto, la sociedad a la cual ellos pretenden o intentan reintegrarse los excluye por el hecho de haber estado en prisión, sin importar el tipo de delito o su gravedad, se convierten en sospechosos eternos. En el ámbito laboral son rechazados una vez que revelan sus antecedentes, dificultando el acceso a empleos formales, obligándolos a vivir al día, haciendo pequeños trabajos y en ocasiones (3 de cada 10 de acuerdo con datos de la ENPOL*, INEGI) volver a prisión tras cometer otro delito.

Y si no se cumple con lo que la constitución dicta, ¿Cómo es la vida en un Centro de Reinserción Social? Pues depende, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019”:

En Querétaro, el cual es el estado con mejor calificación dentro del diagnóstico (8.22), podrás encontrar:

  • Un número adecuado de internos en relación con la capacidad del centro.
  • Programas de prevención y atención de incidentes violentos.
  • Personal capacitado.
  • Actividades educativas y deportivas.
  • Entre otros

Si bajas un poco en la tabla de calificaciones dentro de los rangos medios que van de 6 a 8 podrás encontrar a Chihuahua con 7.43 de calificación y algunas características similares a Querétaro, pero con algunas observaciones negativas como:

  • Deficientes condiciones materiales e higiene.
  • Hacinamiento y/o sobrepoblación en algunas áreas.
  • Pocas actividades laborales y de capacitación.

Por debajo se encuentran estados como Veracruz (5.94), Guerrero (5.92) o Tamaulipas (5.42) en donde las condiciones son preocupantes, pues existen insuficiencias en casi todos los rubros y observaciones que van desde presencia de actividades ilícitas, extorsión, deficiente separación entre procesados y sentenciados, poco personal, falta de talleres entre otras.

Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, CNDH, México.

Y se que muchos pensaremos que algunas personas no merecen los beneficios o las atenciones que por ley tienen derecho, pero desafortunadamente la reinserción o prevención terciaria se ha vuelto una necesidad latente en nuestra sociedad. Es hora de integrar a quienes la sociedad ya les dio la espalda, a personas que por falta de educación y oportunidades emprendieron una carrera criminal, a personas que están envueltas en un círculo vicioso del que difícilmente podrán salir sin la ayuda de la sociedad. Será mucho más difícil con la apatía que mostramos ante las condiciones en las que viven y cómo son tratados, llevando a la gente a decir frases como “salen peor de ahí” o una muy conocida, “es la universidad del crimen”, frases nada alejadas de la realidad.

Sobre todo, es importante rescatar a los jóvenes, pues si de algo se han encargado las diferentes teorías del crimen, es de probar el hecho de que el criminal no es innato, sino que aprende a ser criminal mediante el aprendizaje de valores criminales. Dichas conductas pueden ser aprendidas por el contacto con otras personas con conductas desviadas, sobre todo si éstas se dan dentro de tiempos de ocio no estructurados en los que los jóvenes no tienen supervisión y se exponen a un ambiente de criminalidad con sus pares.

El arraigo social, los vínculos afectivos, los compromisos con valores y actividades deportivas que ocupen el tiempo de los jóvenes pueden limitar la posibilidad de tener un ocio negativo en el cual consuman alcohol, drogas o cometan “travesuras” que a posteriori se conviertan en delitos.

¿Y qué hacer con los adultos que no fueron intervenidos a tiempo en el desarrollo de su carrera criminal?

Existen diferentes prácticas en Centros de Reinserción Social que han funcionado y que en verdad son de aplaudirse, pues atacan una de las principales razones por las cuales la gente reincide: el tema laboral.

Una de estas prácticas, son el CERESO productivo, pues invita a la persona privada de su libertad (PPL) a sumar a la sociedad mediante su trabajo. He sido testigo de diferentes casos, pero los que más me han llamado la atención. El sentenciado recibe una especie de “beca” la cual se divide en 4 partes. La primera (40%) se les entrega para sus gastos dentro de prisión, la segunda (20%) se utiliza para la reparación del daño que haya causado, la tercera (20%) se le entrega a sus familiares y la cuarta (20%) se guarda en manera de ahorro, para cuando termine su sentencia.

 

Esto provoca un cambio en la mentalidad de la persona. Dicen que “el trabajo dignifica al hombre” y no sé qué tan real sea esta frase, o qué tan bien utilizada esté, pero lo que sí sé es que hay un cambio de chip en personas a las cuales siempre se les han negado las oportunidades de demostrarse a sí mismas que son capaces. La gente recupera la confianza en sí mismo y ayuda a restablecer las relaciones con sus familiares, amigos y otros vínculos. Estos programas pueden ser y han sido muy criticados, por el hecho de buscarle trabajo a gente que se encuentra en prisión, cuando existe tanta gente afuera buscando las mismas oportunidades. Pero debemos recordar que a los privados de la libertad históricamente se les ha privado también de continuar su vida, pues aun dentro ésta sigue y deberán aprovechar ese tiempo para mejorarse, para reformarse y no terminar con una muerte social, producto del abandono de la sociedad, del gobierno y de ellos mismos.

 

Fuentes consultadas.

 

Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad

https://www.inegi.org.mx/programas/enpol/2016/

Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2019.pdf

Opinión

Duarte: de los bares de Chihuahua al Altiplano. Por Karen Torres

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En México y en la política, lo que parece pasado, siempre regresa para explicar el presente. Hay nombres que regresan una y otra vez como si fueran espectros empeñados en recordarnos las fracturas del sistema. Uno de ellos es César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua (2010-2016), figura central de uno de los expedientes de corrupción más voluminosos en la historia reciente del país.

Karen Torres A.

Y ahora, tras años de idas y venidas judiciales, vuelve a los titulares: la Fiscalía General de la República ordenó su recaptura y lo trasladó al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Este episodio no ocurre en el vacío. Es parte de una historia que lleva casi una década escribiéndose entre detenciones, extradiciones, procesos fragmentados y una libertad condicional que muchos chihuahuenses vieron como una burla abierta.

Pero también es un movimiento político que envía un mensaje contundente: la nueva administración federal quiere que se entienda que, al menos en la Fiscalía, el viejo pacto de impunidad ya no opera “para algunos”. Y Duarte es la vívida señal, ojalá esto no se trate únicamente de justicia selectiva.

Duarte huyó de México en 2017, cuando la entonces Fiscalía de Chihuahua, bajo el gobierno de Javier Corral, integró al menos 21 órdenes de aprehensión en su contra. Los cargos eran amplios y concretos:

  • Peculado agravado por más de 1,200 millones de pesos,
  • Desvío de recursos públicos hacia campañas priistas,
  • Enriquecimiento ilícito,
  • Uso indebido de atribuciones y facultades
  • Y una red de empresas fantasma operadas desde su círculo íntimo.

Fue detenido en Miami el 8 de julio de 2020 en Estados Unidos. Ahí pasó 2 años mientras se resolvía un proceso de extradición. Finalmente, en junio de 2022, el gobierno estadounidense lo entregó a México bajo cargos de peculado agravado y asociación delictuosa.

Su llegada al país fue presentada por la Fiscalía como un triunfo institucional. Pero para Chihuahua comenzaba un capítulo distinto: la prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán, donde Duarte permaneció alrededor de 2 años más, entre audiencias diferidas, cambios de jueces y tácticas legales el caso se fue transformando en un rompecabezas jurídico que pocos lograron seguir con claridad.

Llegó la cuestionada libertad condicional de 2024: 

En agosto de 2024, en una audiencia sorpresiva, Duarte obtuvo libertad condicional bajo el argumento de que llevaba tiempo suficiente privado de la libertad y que su conducta había sido “adecuada”, sin haber recibido sentencia alguna.

La imagen era insólita: un político acusado de desviar más de mil millones de pesos, señalado de haber quebrado fondos públicos y endeudado al estado por generaciones…

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