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México

Muertos y no identificados ante la Secretaría del Bienestar, los beneficiarios de programas sociales: ASF

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer que, en 2020, la Secretaría de Bienestar aceptó como beneficiarios de programas sociales a personas que nunca entregaron documentos de identificación, hizo pagos a personas fallecidas y dio apoyos duplicados con cargo a los programas Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad Permanente y Apoyo para el Bienestar de Niñas, Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

Por irregularidades detectadas en las auditorías de estos dos programas insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría del Bienestar, a cargo de Javier May, debe aclarar el destino de 104 millones 866 mil 80 pesos.

En el caso de Bienestar de Personas con Discapacidad Permanente, la ASF determinó un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por 4 millones 819 mil 240 pesos por pagos a 986 beneficiarios del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente que fallecieron entre febrero de 2019 y agosto de 2020, antes de los pagos.

Además se otorgaron apoyos por 176 mil 900 pesos a 21 mayores de 67 años, edad máxima establecida para ser beneficiario del programa.

En cuanto al programa Apoyo para el Bienestar de Niñas, Niños, Hijos de Madres Trabajadoras se precisó que le falta un sistema informático para la operación, control, seguimiento y supervisión que permita obtener y procesar la información de cada uno de los procesos operativos, así como la falta de información relevante y de calidad.

La falta de control propició que 7 millones de pesos se pagaran a 114 madres, padres o tutores y mil 293 menores de edad niños y niñas sin contar con CURP ni documentos que los identifique, tales como credencial de elector, acta de nacimiento o comprobante de pago.

Se dieron otros 470 mil pesos a 278 niños que rebasaron la edad límite establecida en las Reglas de Operación del programa y 66 mil 800 pesos a 19 beneficiarios después de su fecha de fallecimiento.

Fuente: LatinUS

México

Carlota, conocida como abuela justiciera, es vinculada a proceso

Un juez determinó vincular a proceso a Carlota “N”, mujer de la tercera edad que disparó en contra de varias personas por la invasión de su vivienda, la misma medida se estableció para sus hijos Eduardo ‘N’ y Mariana ‘N’, los tres ingresarán al reclusorio de Chalco, Estado de México.

A los detenidos se les acusó de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de un hombre de 51 años y otro de 19 años, así como de un adolescente, hechos que fueron grabados y difundidos en redes sociales.

El 4 de abril, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) destacó que con respecto a la situación del inmueble, el 27 de marzo el Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia de Chalco, inició expediente de investigación derivado de la denuncia realizada por Mariana “N” por la posible comisión del delito de despojo.

“La denunciante refirió que aproximadamente las 17:00 horas de ese día, recibió una llamada telefónica en la que le dijeron que ‘3 personas ingresaron a su domicilio ubicado en calle Haciendo la Labor, Colonia Hacienda de Guadalupe municipio de Chalco, esos sujetos sacaron los objetos de la casa sin autorización’” .

Revelan videos de la agresión armada

Las primeras imágenes que se conocieron de este caso fue la agresión armada protagonizada por Carlota y sus hijos, la escena fue grabada desde una de las recamaras de la vivienda con vista a la calle, se observa cuando llegan a bordo de un vehículo y discuten con los presuntos paracaidistas y después de unos minutos, la anciana dispara contra el hombre y su hijo, después lo hace contra un adolescente que intervino.

En un video que se grabó previamente, se escucha cuando Carlota y sus hijos le reclaman a las personas la invasión de la vivienda, alegan que la dueña es Mariana, además de acusarlos por el robo del mobiliario que estaba en el departamento.

Los supuestos invasores aseguran que ellos firmaron un contrato de renta con la dueña,aunque después acceden a que si demuestran que Mariana es la dueña desalojarán la vivienda, pero la discusión sube de tono y termina en los disparos.

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