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México

“Muestran Hospitales móviles que compromiso con el pueblo sobrepasa diferencias políticas”: Senador

El senador Cruz Pérez Cuéllar reconoció que el envío de dos hospitales móviles a ciudad Juárez y la Capital, y el envío de un tercero próximamente, son una muestra clara de que a pesar de las diferencias con el gobierno del estado, la presidencia de la República está comprometida con los ciudadanos, de ahí el apoyo en este rubro tan sensible y tan necesario en este momento.

Apuntó que aunque el gobernador Javier Corral rechazó suscribirse al INSABI, hace unos días arribó a ciudad Juárez un hospital móvil totalmente equipado, que estará disponible en el estacionamiento del Hospital General, y el cual está dotado de camas, aires y 50 toneladas de equipo para cuidados intensivos de enfermos por covid-19 que se han incrementado en las últimas semanas.

El mismo modelo de hospital móvil fue enviado a esta capital con el mismo objetivo y con el mismo número de espacios, que servirá de refuerzo para la tarea titánica que están enfrentando en estos momentos nuestros médicos, tanto del sistema de salud estatal como del federal en el combate frontal contra el coronavirus.

No sólo es el quipo, también se envió personal médico de apoyo para este mismo propósito, por ello los centros adicionales serán atendidos por 50 profesionales de la salud que incluyen 30 enfermeras, 12 médicos generales, 6 especialistas y 2 inhaloterapeutas enviados por el INSABI, y próximamente se enviara a otros 25 profesionales y 50 ventiladores adicionales, destacó el senador morenista.

Cabe destacar que el Ejército Mexicano fue el encargado de trasladar por tierra los hospitales móviles equipados, mismos que trasladan también 50 toneladas de equipo, para que la atención sea integral.

Desde que Chihuahua fue declarado en semáforo en rojo, y siendo éste el único de toda la República en esta circunstancia, la Secretaría de Salud federal instruyó el envío inmediato de los mencionados hospitales móviles y anunció el envío de un tercero o más según se vaya requiriendo; y también se estarán apoyando a la par los estados de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Durango, además del estado de Querétaro que tienen tendencias de aumento de casos, aunque sólo en Chihuahua hay un aumento en la mortalidad, según informaron las autoridades sanitarias.

Pérez Cuéllar, destacó que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador es un gobierno cercano a la gente, y estará apoyando a las y los chihuahuenses durante todo su mandato, a pesar de la resistencia a los cambios que ponen en frente sus opositores y a pesar del rechazo a la coordinación de esfuerzos. “Estaremos trabajando hombro a hombro, para que lleguen los apoyos a los ciudadanos, aunque haya resistencia y ataques sin sentido”, finalizó el legislador de MORENA.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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