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Mujer guardó a su bebé muerto en refrigerador de su casa

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Una mujer guardó a su bebé muerto en el refrigerador de su casa en Lima, luego de que personal del hospital donde fue atendido se lo entregó sin esperar los trámites para sepultarlo, según relato a la prensa.

Mónica Palomino dio a luz el último sábado un bebé tras 25 semanas de gestación. La salud del menor se complicó y falleció el lunes. Explicó que, por presión del personal de seguridad del hospital tuvo que llevarse el cuerpo de su bebé a su casa para poder iniciar luego el trámites de la partida de defunción.

«Me entregaron a mi hijo cuando me dieron de alta. Se encuentra en la refrigeradora de mi casa porque no me dieron tiempo de hacer los trámites para su acta de defunción», dijo Mónica Palomino al canal de televisión ATV.

«Yo quiero enterrarlo y para hacerlo necesito los documentos de su defunción», relató la madre, que volvió la noche del martes al hospital Sergio Bernales en el distrito limeño de Comas, para reclamar.

Mientras tanto, el cadáver del menor se encuentra en la parte superior del refrigerador, que corresponde al congelador. En la puerta, ella colocó un letrero que dice «No Tocar».

«La señora de vigilancia del área de ginecología no me quería dejar salir del hospital si no me llevaba a mi bebé. Mi bebé se encuentra envuelto en pañal», aseguró.

El director del hospital, el doctor Julio Silva, informó el miércoles que se iniciarán las investigaciones por la denuncia de la mujer, porque los vigilantes rompieron todos los protocolos que existen.

«Asumo toda la responsabilidad. Lo que se debió hacer es esperar en el mortuorio (del hospital) a que se le emita el certificado de defunción, y luego de esto poder retirar el cadáver», dijo Silva a la prensa.

«Vamos a ir a la casa de la madre para iniciar los tramites funerarios», agregó.

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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