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México

Mujeres indígenas, más vulnerables a la trata

En el ámbito rural y semiurbano de México, 90 por ciento de las niñas tiene una presión familiar por encontrar una alternativa económica que apoye a los padres, lo que las hace más vulnerables al fenómeno de la trata de personas, opinó la investigadora Angélica Bautista.

La psicóloga social de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) advirtió que el fenómeno se ha acrecentado debido a la falta de oportunidades, de tal forma que los propios padres y hermanos orillan a niñas y jóvenes a ser víctimas de estos fenómenos.

Mediante un comunicado, destacó que hay zonas tipificadas en entidades como Guerrero, Oaxaca y Chiapas donde la trata de personas es creciente; “poco más de 30 por ciento de las niñas es enganchada para apoyo al trabajo doméstico”.

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora este 30 de julio, la especialista del Departamento de Sociología explicó que en relación con la trata se cree que utilizan a las personas sólo para comercio sexual o prostitución, pero también se lleva a cabo para casos de explotación laboral.

“Ante la falta de oportunidades, las jóvenes son seducidas con engaños y se las llevan a las ciudades. Esto no se ha visibilizado lo suficiente porque en las zonas urbanas, donde la mujer se ha emancipado y tiene más alternativas de desarrollo personal y educativo, pareciera que el problema no existe”, explicó.

Bautista López recordó que entre las acciones que llevan a cabo, principalmente por las comisiones de derechos humanos de los estados y las organizaciones de la sociedad civil, para mitigar la trata de personas destacan los esfuerzos para orientar a las mujeres jóvenes en centrales camioneras.

Sin embargo, consideró que la mayoría es trasladada directamente desde sus lugares de origen por quienes forman parte del negocio, por lo que el esfuerzo se minimiza aunado a que la propia familia propicia que las mujeres se desplacen porque tienen que mandar dinero a sus casas.

Como política pública tendría que haber una labor desde el sector educativo para fomentar la equidad en la formación niños y niñas en todo el país y de manera muy especial en las regiones mencionadas para transformar la cultura misógina en la que las niñas no tienen derecho a opinar y a definir su futuro.

“Esto implica un esfuerzo coordinado de diversas instancias locales, estatales y federales, pues de no llevarse a cabo acciones más concretas el fenómeno crecerá”, abundó.

Consideró que también se deben aplicar otras estrategias como campañas en medios de comunicación, particularmente a nivel local por medio de las radios comunitarias y en los centros de salud, con información que propicie el posicionamiento de las mujeres que se encuentran en mayor desventaja para enfrentar esta amenaza.

EL Diario de Victoria

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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