Conecta con nosotros

Slider Principal

Murió de Covid-19 un policía de CDMX que trabajó en el Vive Latino

El policía fallecido trabajó el pasado 14 y 15 de marzo en el operativo de seguridad del festival Vive Latino, según confirmaron autoridades de la dependencia estatal al diario mexicano Animal Político. Después del evento, no participó en ninguna otra acción, ya que se encontraba enfermo.

Según un comunicado publicado por la SSC, el agente, quien fue identificado como Segundo Santillán, estaba adscrito al Sector Nápoles. Comenzó a presentar problemas de salud el 27 de marzo, casi dos semanas después de celebrarse el Vive Latino.

“El pasado 27 de marzo, un policía adscrito al Sector Nápoles presentó problemas de salud, y tras una revisión médica fue diagnosticado con el virus Covid-19, por lo que desde ese momento fue aislado y se tomaron las medidas necesarias, de acuerdo al protocolo médico, con sus compañeros y quienes convivieron con él”, se lee en la tarjeta informativa de la dependencia estatal. “La esposa de nuestro compañero, el policía Segundo Santillán, notificó a esta Secretaría que desafortunadamente ha perdido la vida”, añade.

Aunque el agente Segundo Santillán fue hospitalizado el 27 de marzo, -13 días después del festival-, se desconoce dónde y cuándo se infectó. Según un reporte policial al que tuvo acceso Animal Político, la mujer del difunto contó que los síntomas empezaron justo tras el evento musical, el 15 de marzo. El nuevo coronavirus tarda alrededor de dos semanas en incubarse, por lo que pudo haberse contagiado antes del Vive Latino.

Aproximadamente el día 26, el agente comenzó a sufrir un cuadro digestivo preocupante, con fuertes vómitos y diarreas. Fue entonces cuando acudió al ISSSTE, donde le confirmaron que padecía Covid-19. La SSC no reveló si sufría alguna patología previa que complicara su recuperación.

Ahora, el miedo se ha extendido en el cuerpo policial, según reveló un agente del sector Nápoles a El Universal. Bajo anonimato, denunció que no les han realizado pruebas de diagnóstico.

“El problema es más grave, ahora fue un compañero, ve por cuánto tiempo aguantó y vivió con el virus. No sabes cómo está su familia, sus seres más cercanos, no sabemos si otros que acudieron a cuidar ese evento [el Vive Latino] también se contagiaron y nos contagiaron», expresó. “A ninguno nos han hecho pruebas. No sabemos cuántos de los que están trabajando tienen el virus”, añadió.

Agencias

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto