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México

“Muy vengativo”: Riva Palacio arremetió contra Gertz Manero por denuncia a la comunidad científica

El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, solicitó una orden de aprehensión en contra de 31 científicos, académicos y personal administrativo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para que sean llevados al penal de máxima seguridad de El Altiplano, acusándolos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Raymundo Riva Palacio, en su columna para Eje Central, describió la manera en que el funcionario “utiliza la fuerza para embestir a sus rivales, a familiares o a cualquier persona que considere lo ha agraviado”.

El interés del Doctor en Derecho surgió de una denuncia de la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, la cual tiene sospechas de la comunidad científica por los presuntos delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.

Las dos razones por las que sería complicado que procediera la solicitud para ingresar a los acusados es que el juez dudó sobre que lo hechos hayan ocurrido en el Estado de México (Edomex) y que la Fiscalía no justificó las razones o motivos, por qué quiere que sean encarcelados en esa prisión donde están capos del narcotráfico o delincuentes que requieren de una alta seguridad

La acusación del fiscal tiene un enorme sabor a venganza, luego de que la comunidad científica se levantó a gritos y protestas porque Álvarez-Buylla lo aprobó como investigador del nivel III en el Sistema Nacional de Investigadores, reservado para quienes hayan hecho contribuciones significativas en su campo de experiencia” expone el periodista.

La directora de Conacyt inició la denuncia pero no por los delitos que Gertz Manero persigue (Foto: Especial) La directora de Conacyt inició la denuncia pero no por los delitos que Gertz Manero persigue (Foto: Especial)

Cabe destacar que, de acuerdo con Riva Palacio, la directora de Conacyt ha estado comentando que ella nunca presentó una denuncia por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o delincuencia organizada. Su queja iba por el presunto financiamiento ilegal del al Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

Enrique Cabrero —miembro de la Academia de Ciencias, exdirector del Conacyt y del CIDE, catedrático en México, Francia y el Reino Unido— y Julia Tagüeña —doctorada en la Universidad de Oxford— son las personas que Gertz Manero quiere internar en la prisión de máxima seguridad, junto con otros científicos destacados de la comisión.

Un fiscal con ese talante vengativo es una amenaza para cualquiera, porque en cualquier momento puede inventar acusaciones contra quien le caiga mal o acomodar la ley a su agenda personal. Si al final del camino todo se le desmorona, como ha sucedido, habrá infligido un daño a su fama y reputación de manera irreversible, sin que eso parezca preocuparle” concluyó el reportero.

¿Quién es Alejandro Gertz Manero?

El abogado tiene una larga trayectoria en cargos públicos y como parte de instituciones educativas (Foto: Presidencia de México)El abogado tiene una larga trayectoria en cargos públicos y como parte de instituciones educativas (Foto: Presidencia de México)

Nacido el 31 de octubre de 1939, es un abogado y político mexicano que ha estado a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) desde el año 2019 y será hasta el 2027 cuando se retire de sus funciones por disposición del Senado.

Ha sido catedrático del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); fue catedrático de Derecho Procesal Penal en la Universidad de las Américas A.C (UDLA) y se desempeñó como Secretario General del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Su trayectoria es bastante amplia: fue Agente del Ministerio Público Federal auxiliar del Procurador General de la República, fue Jefe de la Unidad Defensora del Patrimonio Cultural de la Nación en dicho organismo; fue fundador y Primer Director General del Instituto Técnico de la PGR, fue Oficial Mayor en la dependencia y Primer Coordinador Nacional de la Campaña contra el Narcotráfico; también se desempeñó como Procurador Federal de la Defensa del Trabajo.

El funcionario es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.; del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, A. C. y de la Academia Mexicana de la Educación.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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