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México

MVS gana batalla legal a Carmen Aristegui

Un tribunal colegiado federal desechó la demanda de amparo que promovió Carmen Aristegui contra la empresa MVS, lo que pone fin a este juicio iniciado tras el despido de la periodista en marzo pasado, y tira la posibilidad de su reintegración a la compañía por la vía judicial.

El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Distrito Federal aprobó este martes el recurso de queja promovido por MVS contra la decisión de un juez de distrito de admitir el juicio de amparo, de acuerdo con lo publicado por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

En mayo el juez octavo de Distrito, Fernando Silva García, admitió el juicio en el que señalaba como una autoridad a MVS por utilizar el espectro público.

El proyecto, aprobado por unanimidad, fue realizado por el magistrado Pablo Domínguez Peregrina. La resolución es definitiva, pues los recursos de los tribunales son inimpugnables.

“Con esta resolución se pone fin a la batalla judicial que en defensa de la libertad de expresión inició la periodista en marzo pasado”, dijo en un comunicado el equipo de Carmen Aristegui.

«Quedan sin resolver cuestiones fundamentales que ya no podrán ser estudiadas por ninguna autoridad, tales como la independencia periodística, la libertad de información y el respeto a la diversidad de opiniones», agregó.

En tanto que MVS dijo a CNNExpansión que no hará comentarios por el momento.

El argumento del equipo de abogados de Carmen Aristegui para lograr el amparo era que MVS era una autoridad responsable al ser concesionaria de un bien público, lo cual fue admitido en su momento por el juez Silva García al señalar que los hechos se daban bajo un “contexto de derecho público”.

Durante el proceso la compañía pidió retirar del caso al juez, sin embargo su petición fue rechazada e incluso fue multada al considerar que actuó de mala fe al señalar que el juez era parcial porque supuestamente su padre era amigo de Javier Quijano, abogado de Aristegui.

El juicio también incluyó reuniones entre las partes, ordenadas por el juez de Distrito, en las que no lograron algún acuerdo.

Luego de la resolución quedan pendientes en los juzgados especializados en materia de telecomunicaciones los amparos promovidos por ciudadanos en los que exigen la reinstalación de Aristegui en la empresa.

También la demanda mercantil por incumplimiento de contrato que presentó en marzo pasado MVS ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil.

El domingo 15 de marzo MVS informó que terminaba la relación laboral con Carmen Aristegui luego de que la periodista lanzara un ultimátum pidiendo la reinstalación de dos miembros de su equipo (Daniel Lizárraga e Irving Huerta), despedidos por utilizar la marca de la compañía sin consentimiento de ésta en el proyecto MexicoLeaks

CNN Expansión

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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