El alcalde de la ciudad judío-árabe de Lod, situada en el centro de Israel, ha alertado del riesgo de «guerra civil» en la urbe, y ha pedido al primer ministro, Benjamín Netanyahu, que declare allí el estado de emergencia y despliegue a los militares, argumentando que la situación desborda a la Policía.
«Esta es la noche de los cristales rotos en Lod», ha advertido el alcalde de la urbe, Yair Revivo, en referencia al pogromo nazi contra los judíos alemanes en 1938, recoge Times of Israel.
«He pedido al primer ministro que declare el estado de emergencia en Lod. Que llame a las FDI. Que imponga un toque de queda. Que restaure la tranquilidad», ha explicado el alcalde, que ha advertido de la existencia de «una Intifada de árabes israelíes» y ha lamentado que «todo el trabajo» realizado durante años para lograr la convivencia «se ha ido por el desagüe».
«Una pérdida total del control»
«Todo Israel debería saber que esto es una pérdida total del control», aseguró el político, que denunció la quema de sinagogas y de cientos de coches, mientras «cientos de matones árabes deambulan por las calles». «La guerra civil ha estallado en Lod«, subrayó.
Revivo indicó que la comunidad nacionalista ortodoxa de la ciudad tiene armas y que, aunque les implora que vuelvan a casa, «es comprensible que quieran proteger sus hogares», señaló, al tiempo que calificó la situación de «incendiaria».
Por otro lado, ha dirigido un llamamiento a la calma a los árabes de la ciudad, ubicada a unos 15 kilómetros al suroeste de Tel Aviv, enfatizando que «no les hemos hecho nada».
En definitiva, el alcalde aseveró que «esto es peor que los misiles de Gaza» y que «no ha habido nada como esto en la historia de Israel».
Justo antes de la medianoche del martes, Netanyahu anunció que los batallones fronterizos de Judea y Samaria, término israelí para Cisjordania, serán redistribuidos «inmediatamente» para «restaurar la ley y el orden en Lod y en todas las partes del país».
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.