El alcalde de la ciudad judío-árabe de Lod, situada en el centro de Israel, ha alertado del riesgo de «guerra civil» en la urbe, y ha pedido al primer ministro, Benjamín Netanyahu, que declare allí el estado de emergencia y despliegue a los militares, argumentando que la situación desborda a la Policía.
«Esta es la noche de los cristales rotos en Lod», ha advertido el alcalde de la urbe, Yair Revivo, en referencia al pogromo nazi contra los judíos alemanes en 1938, recoge Times of Israel.
«He pedido al primer ministro que declare el estado de emergencia en Lod. Que llame a las FDI. Que imponga un toque de queda. Que restaure la tranquilidad», ha explicado el alcalde, que ha advertido de la existencia de «una Intifada de árabes israelíes» y ha lamentado que «todo el trabajo» realizado durante años para lograr la convivencia «se ha ido por el desagüe».
«Una pérdida total del control»
«Todo Israel debería saber que esto es una pérdida total del control», aseguró el político, que denunció la quema de sinagogas y de cientos de coches, mientras «cientos de matones árabes deambulan por las calles». «La guerra civil ha estallado en Lod«, subrayó.
Revivo indicó que la comunidad nacionalista ortodoxa de la ciudad tiene armas y que, aunque les implora que vuelvan a casa, «es comprensible que quieran proteger sus hogares», señaló, al tiempo que calificó la situación de «incendiaria».
Por otro lado, ha dirigido un llamamiento a la calma a los árabes de la ciudad, ubicada a unos 15 kilómetros al suroeste de Tel Aviv, enfatizando que «no les hemos hecho nada».
En definitiva, el alcalde aseveró que «esto es peor que los misiles de Gaza» y que «no ha habido nada como esto en la historia de Israel».
Justo antes de la medianoche del martes, Netanyahu anunció que los batallones fronterizos de Judea y Samaria, término israelí para Cisjordania, serán redistribuidos «inmediatamente» para «restaurar la ley y el orden en Lod y en todas las partes del país».
Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.
De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.
Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.
El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.
El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.
El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.
La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.
Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.
El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.
