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Navarrete Prida abre una ventana para una nueva relación con el Gobierno Federal: Javier Corral

– Advierte Corral que sigue en pie Caravana por la Dignidad hasta lograr extradición de César Duarte y que se transfieran a Chihuahua recursos convenidos

El gobernador Javier Corral reconoció el paso que da la Procuraduría General de la República (PGR), referente al proceso de extradición de César Duarte, pero dijo tener una suspicacia ya que en un acto inusual, se anunció lo que se pretende hacer y existe riesgo de que el exgobernador evada la acción de la justicia.

“El anuncio de hoy es un paso importante en la consecución de nuestro objetivo, que es el que el exgobernador comparezca ante los tribunales de Chihuahua, para enfrentar las imputaciones del Ministerio Público y también creo que este hecho, abre una ventana de oportunidad que para nosotros es muy importante, para dialogar y tratar de reconducir la relación con la Federación, con el Gobierno Federal”, expresó el mandatario.

“Reconozco el paso y estoy atento al diálogo con el nuevo secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida, en quien yo tengo confianza de un diálogo serio, responsable, honesto, franco, porque es una persona a la que conozco desde hace muchos años, tengo un muy buen concepto de Alfonso, del secretario de Gobernación”, agregó.

Consideró, que también en ellos, hay una oportunidad de una interlocución seria que permita a Chihuahua pedir a la Federación que se levante la represalia económica que le fue impuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En un encuentro con medios de comunicación que acudieron al Informe de Logros y Avances 2017 de la Junta Centra de agua y Saneamiento, Javier Corral habló sobre el anuncio de la PGR, luego de transcurridos 127 días de que fuera entregada la documentación que soporta las 10 órdenes de aprehensión.

La tarde de este miércoles, el encargado de la oficina de la PGR, Alberto Elías Beltrán, informó en la Ciudad de México que esta semana serán solicitadas tres órdenes de extradición en contra del exmandatario estatal: dos del fuero común por denuncias interpuestas por la Fiscalía General del Estado y una más del orden federal.

Javier Corral precisó que el tratado de extradición señala con toda claridad, que la autoridad federal pedirá en ese momento la detención provisional con fines de extradición y en este caso, se le da una oportunidad a César Duarte, al anunciarle lo que se va a hacer y en lo relativo a las tres órdenes de extradición.

“Esperemos que este sea el paso que inicie el proceso para desahogar todas las órdenes de aprehensión, las 10 en total que presentó Chihuahua, toda vez que el criterio de especialidad en materia de extradición señala, que cuando se obtiene la extradición de una persona, solo se le podrá llevar a juicio por los delitos acreditados en el expediente de extradición”, indicó el gobernador.

Explicó que una vez detenido, hay un tiempo para agregar otras causas penales antes de que se dicte el juicio de extradición.

“Espero que realmente sea el inicio de un proceso en donde se soliciten todas para llegar hasta las últimas consecuencias, porque nosotros no permitiremos que el caso de Duarte el de Chihuahua quede encapsulado como quedó encapsulado el caso de Duarte, el de Veracruz, o el de Borge de Quintana Roo”, señaló Javier Corral.

“Pero reconozco –indicó– el paso que se ha dado. Espero que sea un signo real de reconducción de toda la problemática que estamos enfrentando».

El gobernador señaló que la caravana hasta la Ciudad de México se mantiene con dos objetivos muy importantes: la extradición eficaz de César Duarte, con todo lo que se le ha formulado y obligar al Gobierno de la República a cumplirle a Chihuahua los convenios establecidos, para la transferencia de recursos.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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