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Navarrete Prida abre una ventana para una nueva relación con el Gobierno Federal: Javier Corral

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– Advierte Corral que sigue en pie Caravana por la Dignidad hasta lograr extradición de César Duarte y que se transfieran a Chihuahua recursos convenidos

El gobernador Javier Corral reconoció el paso que da la Procuraduría General de la República (PGR), referente al proceso de extradición de César Duarte, pero dijo tener una suspicacia ya que en un acto inusual, se anunció lo que se pretende hacer y existe riesgo de que el exgobernador evada la acción de la justicia.

“El anuncio de hoy es un paso importante en la consecución de nuestro objetivo, que es el que el exgobernador comparezca ante los tribunales de Chihuahua, para enfrentar las imputaciones del Ministerio Público y también creo que este hecho, abre una ventana de oportunidad que para nosotros es muy importante, para dialogar y tratar de reconducir la relación con la Federación, con el Gobierno Federal”, expresó el mandatario.

“Reconozco el paso y estoy atento al diálogo con el nuevo secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida, en quien yo tengo confianza de un diálogo serio, responsable, honesto, franco, porque es una persona a la que conozco desde hace muchos años, tengo un muy buen concepto de Alfonso, del secretario de Gobernación”, agregó.

Consideró, que también en ellos, hay una oportunidad de una interlocución seria que permita a Chihuahua pedir a la Federación que se levante la represalia económica que le fue impuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En un encuentro con medios de comunicación que acudieron al Informe de Logros y Avances 2017 de la Junta Centra de agua y Saneamiento, Javier Corral habló sobre el anuncio de la PGR, luego de transcurridos 127 días de que fuera entregada la documentación que soporta las 10 órdenes de aprehensión.

La tarde de este miércoles, el encargado de la oficina de la PGR, Alberto Elías Beltrán, informó en la Ciudad de México que esta semana serán solicitadas tres órdenes de extradición en contra del exmandatario estatal: dos del fuero común por denuncias interpuestas por la Fiscalía General del Estado y una más del orden federal.

Javier Corral precisó que el tratado de extradición señala con toda claridad, que la autoridad federal pedirá en ese momento la detención provisional con fines de extradición y en este caso, se le da una oportunidad a César Duarte, al anunciarle lo que se va a hacer y en lo relativo a las tres órdenes de extradición.

“Esperemos que este sea el paso que inicie el proceso para desahogar todas las órdenes de aprehensión, las 10 en total que presentó Chihuahua, toda vez que el criterio de especialidad en materia de extradición señala, que cuando se obtiene la extradición de una persona, solo se le podrá llevar a juicio por los delitos acreditados en el expediente de extradición”, indicó el gobernador.

Explicó que una vez detenido, hay un tiempo para agregar otras causas penales antes de que se dicte el juicio de extradición.

“Espero que realmente sea el inicio de un proceso en donde se soliciten todas para llegar hasta las últimas consecuencias, porque nosotros no permitiremos que el caso de Duarte el de Chihuahua quede encapsulado como quedó encapsulado el caso de Duarte, el de Veracruz, o el de Borge de Quintana Roo”, señaló Javier Corral.

“Pero reconozco –indicó– el paso que se ha dado. Espero que sea un signo real de reconducción de toda la problemática que estamos enfrentando».

El gobernador señaló que la caravana hasta la Ciudad de México se mantiene con dos objetivos muy importantes: la extradición eficaz de César Duarte, con todo lo que se le ha formulado y obligar al Gobierno de la República a cumplirle a Chihuahua los convenios establecidos, para la transferencia de recursos.

México

Sheinbaum condiciona acción contra Rocha Moya a pruebas de la FGR

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que si la Fiscalía General de la República recibe pruebas “contundentes e irrefutables” contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se procederá conforme a la ley en territorio mexicano. La mandataria señaló que la misma ruta aplicaría para los nueve funcionarios sinaloenses también señalados por autoridades de Estados Unidos.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum sostuvo que su administración no protegerá a ninguna persona que haya cometido delitos, pero advirtió que, en caso de no existir pruebas claras, las acusaciones tendrían un trasfondo político.

Indicó que corresponde a la FGR valorar la documentación recibida y, en su caso, determinar si existen elementos constitutivos de delito para actuar bajo jurisdicción mexicana. Reiteró que su gobierno mantendrá una postura de defensa de la soberanía nacional.

La presidenta aseguró que no se permitirá la intromisión de gobiernos extranjeros en decisiones que, dijo, corresponden exclusivamente al pueblo de México. Añadió que esa posición se basa en la búsqueda de verdad, justicia y respeto a la soberanía.

También confirmó que el pasado 28 de abril la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió 10 documentos en los que se solicitaba la detención provisional con fines de extradición de 10 ciudadanos mexicanos. Esos expedientes fueron turnados a la FGR para su análisis conforme a la legislación nacional.

Sin embargo, señaló que un día después el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo público el retiro de cargos contra esos mismos 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán.

Sheinbaum cuestionó la difusión del documento denominado “Acusación de reemplazo bajo reserva”, al señalar que ese tipo de procedimientos son confidenciales de acuerdo con los tratados aplicables. Explicó que, por ello, el área jurídica de la Cancillería expresó un extrañamiento formal.

La mandataria recordó que la FGR informó previamente que revisará la documentación recibida para determinar si existen datos probatorios suficientes y resolver sobre la viabilidad de las solicitudes. Además, iniciará una investigación para recabar información y verificar si hay bases legales para solicitar órdenes de aprehensión.

Un día antes, autoridades estadounidenses presentaron cargos contra Rocha Moya y nueve funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Las acusaciones incluyen narcotráfico, armas y presunta protección a integrantes de la facción conocida como “Los Chapitos”. Hasta el cierre de esta edición, la FGR mantenía en análisis la documentación recibida.

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