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Necesaria, reforma electoral en Chihuahua: Corral

“Es muy importante recuperar el planteamiento de que se necesita una reforma electoral, por los retos que trae consigo la legislación electoral federal, con la que Chihuahua tiene que homologarse”, declaró el gobernador Javier Corral, al asistir al Informe de Labores del Tribunal Estatal Electoral, correspondiente a las elecciones 2015-2016, a cargo del presidente del organismo, César Lorenzo Wong Meraz.
En acto celebrado en el recinto legislativo, el mandatario estatal retomó la propuesta del presidente del Tribunal, porque existen figuras que necesitan ser debidamente reglamentadas en la legislación electoral de Chihuahua, señaló, como la existencia de una casilla única para las elecciones en 2018, en que habrá comicios federales y locales.
Dijo que es preciso reglamentar la reelección, tanto de diputados como de alcaldes, y particularmente en lo relacionado con las candidaturas independientes, porque están establecidos los mínimos o básicos, en cuanto a su registro, pero no lo que sucede cuando ellos buscan su reelección, al igual que en el caso de los diputados de representación proporcional.
En su participación, el magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral, César Lorenzo Wong Meraz, declaró que la Ley Electoral de Chihuahua, debe adecuarse a los lineamientos a nivel nacional, lo que redundará en beneficio de los chihuahuenses. Dijo que en el periodo que se informa, se atendieron 266 expedientes, más de mil 300 notificaciones y más de mil 500 acuerdos. Del total de los 156 expedientes impugnados, solo 14 sentencias fueron revocadas, para un 91 por ciento de las acciones sin modificación alguna.
El presidente del Tribunal Electoral, informó que se impulsaron talleres de derecho electoral, así como del procedimiento especial sancionador, sobre candidaturas independientes y de elaboración de sentencias, entre otros.
El funcionario dio a conocer que actualmente se revisa la elección de 170 presidencias seccionales, para emitir una resolución.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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