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México

Negaron amparo al Jefe de Jefes; Félix Gallardo desembolsará una suma millonaria

Miguel Ángel Félix Gallardo, uno de los más grandes narcotraficantes mexicanos de los que se tenga memoria, utilizó un recurso de amparo para evitar el pago millonario a una familia víctima de sus crueldades.

Sin embargo, este recurso legal fue definitivamente rechazo, por lo que la sentencia sigue siendo un hecho. Es decir, el llamado Jefe de Jefes tiene que pagar a los familiares de dos de sus víctimas.

Se trata del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, quienes recibirán, por lo menos, hasta 20 millones 810 mil pesos, de acuerdo con el periodista Rubén Mosso para el diario Milenio.

El amparo inicial, presentado una vez dictada la sentencia, argumenta que un juez de Ejecución de Penas debería ser el responsable de manejar su caso; sin embargo, la respuesta llegó por fin, pues un acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) indica que la reparación del daño está a cargo de, precisamente, los juzgados en Procesos Penales Federales.

Félix Gallardo paga por el asesinato de Enrique Camarena, agente de la Administración del Control de Drogas (DEA), quien fue secuestrado, torturado y ejecutado en febrero de 1985.

Supuestamente, el ataque contra Kiki Camarena fue en represalia por sus actividades como agente infiltrado que llevaron, entre otros golpes, al decomiso de más de 10 mil toneladas de marihuana, en el rancho del Búfalo, Chihuahua, causándole pérdidas millonarias a Caro Quintero.

Miguel Ángel Félix Gallardo fue arrestado un sábado 8 de abril de 1989, por la noche, en Guadalajara. Algunos informes indican que estaba en bata de baño.

Al mismo tiempo que se ejecutaban estas acciones, fueron asegurados 80 policías de Culiacán, ciudad natal del capo. Cuando terminó el operativo, los oficiales quedaron libres, pues se temía que interfirieran. Algunos agentes sí se quedaron tras las rejas.

Tras su arresto le fueron incautadas diversas propiedades, incluidos un hotel, una farmacia, una empresa de bienes raíces, así como numerosas cuentas bancarias. Los cálculos de su fortuna se estimaron en 500 millones de dólares, así como un patrimonio de 50 casas y 200 ranchos.

Inicialmente fue condenado a cuatro décadas encerrado, pero luego de una década se ordenó otro juicio que finalmente concluyó en 2017 y dejó la cifra en 37 años por los mismos cargos cometidos contra el agente de la DEA y el piloto mexicano Alfredo Zavala.

El Jefe de jefes tenía 43 años entonces y estaba en el apogeo de su carrera delictiva como el primero en exportar cocaína desde México y obtenida de Colombia. En aquel año de 1989 se indicó que traficaba cuatro toneladas cada mes.

El capo mexicano pagará por lo menos 20 millones de pesos a cada una de las familias de las víctimas que lo culpan de asesinato Foto: Jair Cabrera Torres/dpa
Ahora tiene 75 años, y de acuerdo con la más reciente entrevista que ofreció el capo a la cadena Telemundo, pasa sus días en prisión, aunque ciego, afectado por neumonía y con el brazo roto, dispuesto a morir tras las rejas.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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