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Negocia Biden para evitar huelga ferroviaria

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Washington.- El Gobierno del Presidente Joe Biden está tratando desesperadamente de evitar una potencial huelga ferroviaria que podría exacerbar la inflación en Estados Unidos y poner en peligro las aspiraciones de su partido en las elecciones de noviembre.

Su Administración está presionando a las compañías ferroviarias y a los sindicatos para que lleguen a un acuerdo antes de la fecha límite del viernes, mientras explora medidas unilaterales para calmar las preocupaciones de los trabajadores.

Biden y su equipo económico se han involucrado de última hora en las pláticas de los sindicatos ferroviarios y las grandes compañías de trenes, que están en desacuerdo sobre los horarios y las licencias por enfermedad. Los grupos laborales insisten en que los empleados puedan tomar tiempo no remunerado para citas médicas, una solicitud que las empresas no quieren conceder.

Este miércoles, ante la previsión de una huelga, Amtrak dijo que cancelaría todos los trenes de pasajeros de larga distancia a partir del jueves para evitar que las personas quedaran varadas, dado que muchos de sus trenes circulan por vías operadas por transportistas de carga.

También hoy, miembros de un pequeño sindicato ferroviario, cuyos líderes habían llegado a un acuerdo tentativo con las empresas para evitar la huelga, votaron en contra del pacto. En tanto, el Secretario del Trabajo de Biden reunió a líderes sindicales y empresariales en Washington para tratar de desestancar las negociaciones, pero sin lograr avances significativos.

La posible huelga ha puesto a la Administración Biden en una posición difícil durante un momento crítico, a unas semanas de las elecciones intermedias que determinarán si los demócratas retienen el control del Congreso y en medio de una inflación creciente que ha socavado la popularidad del Presidente.

Biden, quien defiende a los sindicatos, está atrapado entre sus planes para intentar desatorar las cadenas de suministro para hacer bajar la inflación y sus esfuerzos por ganar el apoyo de los trabajadores.

El lunes, el Mandatario habló por teléfono con ambos lados del conflicto para pedirles que alcanzaran un acuerdo, enfatizando un mismo mensaje para todos, según personas familiarizadas con las discusiones: una huelga perjudicará a los clientes ferroviarios y a una amplia franja de personas y empresas en todo el país, por lo que alcanzar un acuerdo es la mejor manera de evitarlo.

Martin Walsh, el Secretario de Trabajo, y funcionarios de la Casa Blanca recibieron a los líderes sindicales y empresariales en Washington este miércoles en un intento de negociar un acuerdo antes del viernes, cuando vence un «periodo de reflexión» impuesto por el Gobierno federal para las negociaciones. Cuando acabe el periodo, los trabajadores podrían declararse en huelga de inmediato.

Los funcionarios de la Casa Blanca no dieron más detalles sobre qué acciones había discutido el equipo económico del Presidente, y no está claro qué poder tiene Biden para resolver problemas que en gran medida están bajo el control de empresas privadas.

«Este es un tema que puede y debe ser resuelto entre las compañías ferroviarias y los sindicatos», dijo Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, a periodistas el miércoles.

Los funcionarios de la Administración están elaborando planes de contingencia para tratar de minimizar las interrupciones de los envíos críticos en caso de una huelga. Estos incluyen trabajar con empresas de camiones, transportistas marítimos y otras formas alternativas de transporte para garantizar que algunos suministros aún puedan llegar a sus destinos.

Dinero

EE.UU. impone arancel de 10% a México por política sobre trabajo forzoso

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Estados Unidos anunció una nueva ronda de aranceles para 60 economías, entre ellas México, al que aplicará un gravamen de 10 por ciento por considerar que no prohíbe o no hace cumplir de manera efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.

La medida fue dada a conocer por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que explicó que la decisión deriva de una investigación realizada bajo la Sección 301, iniciada el 12 de marzo de 2026 por instrucción del presidente Donald Trump. El proceso incluyó dos rondas de audiencias públicas, consultas con más de 45 gobiernos y el análisis de más de 2 mil 100 comentarios.

México forma parte del grupo de países sujetos a un arancel de 10 por ciento, junto con Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.

De acuerdo con la USTR, esta categoría corresponde a economías que ya cuentan con una prohibición para importar productos elaborados con trabajo forzoso, que asumieron el compromiso de establecerla mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o que aplican mecanismos parciales para impedir la entrada de este tipo de mercancías.

La resolución también establece un esquema de tres niveles de sanciones. Para el resto de las economías investigadas se fijó un arancel de 12.5 por ciento, mientras que determinados productos procedentes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza enfrentarán tasas de 10 o 12.5 por ciento, descontando la tarifa de Nación Más Favorecida cuando corresponda.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que la decisión responde a la conclusión emitida el pasado 2 de junio, en la que la USTR determinó que las políticas de las 60 economías investigadas obstaculizan o restringen el comercio estadounidense. Agregó que la administración de Donald Trump considera necesario reforzar las medidas contra el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la resolución no modifica el arancel efectivo que actualmente paga México, ya que más del 80 por ciento de las exportaciones nacionales permanece exento al cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El funcionario explicó que el gravamen de 10 por ciento para las exportaciones que no cumplen con el T-MEC se mantiene, aunque ahora cambia su fundamento legal al pasar de la Sección 122 a la Sección 301. Añadió que el Gobierno de México continúa las conversaciones con el representante comercial estadounidense para acercar posiciones en materia comercial.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves sostuvo una reunión con Jamieson Greer en Palacio Nacional, donde ambas partes avanzaron en la revisión del T-MEC y en otros acuerdos bilaterales.

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