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Niega Jueza de Florida definitivamente la fianza al exgobernador de Chihuahua

La jueza de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, negó de manera categórica y definitiva otorgarle al exgobernador de Chihuahua la libertad bajo fianza y ordenó que continúe en prisión hasta que se dé el proceso de extradición, informó el consejero jurídico del Estado, Jorge Espinoza Cortés.

Lo anterior, en respuesta a solicitud de la defensa del exgobernador, de cuyo documento expedido por la jueza se desprende que consideró infundados los argumentos expresados por la defensa, así como por el elevado riesgo de fuga del chihuahuense.

“Hoy salió publicado un acuerdo emitido por la jueza federal del Distrito Sur de Florida, en donde de manera definitiva y categórica niega la libertad bajo fianza del exgobernador de Chihuahua y rechaza todos y cada uno de los argumentos de la defensa. En concreto establece que el riesgo de fuga por parte del exgobernador es alto, por lo que debe quedar detenido hasta la audiencia de extradición y hasta que sea extraditado a México, en su caso”, indicó el consejero.

Con ello, señaló Espinoza Cortés, se demuestra que las causas penales que fueron integradas por Chihuahua, a cargo de la Fiscalía General del Estado, son fuertes y establecen los requisitos necesarios para que el exgobernador pueda ser procesado en cuanto a su presunta responsabilidad por los delitos que se le están imputando de peculado y de asociación delictuosa.

Abundó que la extradición es algo seguro, “la vamos a lograr, las causas son sólidas y ya la jueza federal las ha estimado así, por lo cual vamos en un gran avance de que el exgobernador tendrá que llegar hasta el estado de Chihuahua a enfrentar las causas penales por las cuales se le han librado órdenes de aprehensión”.

Reiteró que la audiencia de extradición pudiera realizarse en el mes de noviembre y para diciembre ya traerlo al estado de Chihuahua.

Respecto a las argumentaciones de la defensa para solicitar la libertad bajo fianza, Espinoza Cortés informó que una era por el tema del COVID, pero la Jueza estimó que no era una causa y además, que ha mantenido comunicación con sus defensores quienes han podido diseñar su estrategia y no era esa una causa por la cual pudiera lograr un beneficio.

La otra causa, agregó, es por la supuesta colaboración que dice el exgobernador haber tenido con los Estados Unidos: “esto, lejos de beneficiarlo le ha perjudicado, toda vez que la jueza considera que si él ha colaborado con los Estados Unidos, es porque tiene algún tipo de responsabilidad delictiva, nadie puede colaborar si no tiene algún tipo de responsabilidad”.

Además, la jueza considera que el riesgo de fuga del exgobernador es alto, por lo cual debe estar en prisión.

“Lo importante de esto es que continúe preso en Miami como ha estado hasta el momento y de que así estará hasta que sea extraditado a México”, enfatizó Espinoza Cortés.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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