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Niegan abogados de Genaro García Luna nexos entre el Cártel de Sinaloa y el ex jefe policíaco

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Durante una abreviada audiencia preparatoria, el ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna —vestido con un mono caqui de los presos y una mascarilla en la boca—, ocupó por primera vez el banquillo de los acusados en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York.

El proceso, precidido por el juez Brian Cogan, dio comienzo a las 09:00 horas (GMT-5), en el se estableció, entre otras cosas, postergar la petición de los fiscales de EEUU de un jurado anónimo.

Aunque la acusación de Estados Unidos le describe como cómplice del Cártel de Sinaloa — para lo cual se han recopilado cientos de miles de documentos y grabaciones— , la defensa del ex jefe policíaco, César De Castro ha asegurado que en las miles de prueba que les ha entregado la fiscalía de EEUU, no aparece el nombre de su cliente o alguna conexión con el narcotráfico. Por ello, De Castro solicitó la asistencia del gobierno para clarificar las evidencias.

Fotografía de archivo fechada el 2 de junio de 2011 del exsecretario de Seguridad Pública (SSP) de México, Genaro García Luna (Foto: EFE/ Mario Guzmán)
Fotografía de archivo fechada el 2 de junio de 2011 del exsecretario de Seguridad Pública (SSP) de México, Genaro García Luna (Foto: EFE/ Mario Guzmán)

Se planea que el próximo 3 de mayo, ambas partes se sienten para analizar la información será clasificada como confidencial y a cuál de ella tendrá acceso la defensa de García Luna.

En la audiencia, el zar de la guerra contra el narcotráfico, se limitó a a intercambiar comentarios en voz baja con su abogado.

El pasado 27 de octubre, en una reunión virtual con el juez Brian Cogan y los fiscales encargados de su caso, se fijó una posible fecha para el juicio contra García Luna.

Cogan recomendó como fecha el 24 de octubre de 2022, que podría posponerse hasta enero de 2023 si se necesita mayor preparación.

El secretario de Seguridad Pública está preso en Estados Unidos desde diciembre de 2019. Las autoridades lo detuvieron en Dallas, Texas, y se le acusa de tres cargos de narcotráfico.

Según Estados Unidos, el ex funcionario ayudó al Cártel de Sinaloa en sus operaciones desde el 2001, antes incluso de ser nombrado secretario de Seguridad. A cambió recibió sobornos millonarios.

El caso se encuentra en la Corte de Brooklyn, Nueva York, donde se escuchó por primera vez el nombre de García Luna, durante el juicio del siglo.

En 2018, en el proceso contra Joaquín el Chapo Guzmán, el narcotraficante, Jesús el Rey Zambada aseguró que hizo pagos millonarios a Genaro García Luna.

Zambada, el primer cooperante de la fiscalía en la causa contra Guzmán, explicó ante un jurado en Brooklyn, Nueva York (EEUU) que realizó en concreto dos pagos para garantizar la protección de su hermano mayor, Ismael el Mayo Zambada, fundador y jefe del Cártel de Sinaloa, y evitar así que fuera detenido.

El primer soborno —que se produjo en un restaurante en 2005— ascendía a USD 3 millones. García Luna estaba al mando de la agencia federal de investigaciones. A este siguió otro de entre USD 3 ó 5 millones en 2007 cuando García ya era secretario de Seguridad Pública.

—¿Se reunió con García Luna en un restaurante?, le preguntó entonces el abogado William Purpura.

“Sí”, respondió el Rey Zambada. De acuerdo con el testimonio, el efectivo iba en un maletín y el primero tenía como propósito conseguir que se nombrara como jefe de la policía en Culiacán, Sinaloa, a una persona de confianza del cártel para así “tenerlo en el bolsillo”. El Rey aseveró que se trataba de dinero del Mayo.

Además, indicó que García Luna tenía “un compromiso en firme” con el clan formado por los hermanos Beltrán Leyva. Para garantizar la protección de la organización, añadió, entre 2006 y 2007 juntaron con sus sociosUSD 50 millones que desembolsaron a través de los sicarios Édgar Valdez Villareal, la Barbie, y José Gerardo Álvarez Vázquez, el Indio.

México

México reporta más de 145 mil repatriaciones de connacionales desde enero

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El Gobierno de México informó que, del 20 de enero al 17 de diciembre, se registraron 145 mil 537 repatriaciones de ciudadanos mexicanos desde Estados Unidos, tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y el endurecimiento de la política antimigratoria en ese país.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer las cifras durante una conferencia de prensa, en la que precisó que 116 mil 156 personas fueron repatriadas por vía terrestre y 29 mil 381 por vía aérea. Estas acciones se realizaron en el marco de la Estrategia Nacional de Repatriación México te abraza.

De acuerdo con la funcionaria, 99 mil 924 personas aceptaron ingresar a alguno de los centros de atención habilitados por el gobierno federal. En el caso de las 45 mil 613 que optaron por no hacerlo, señaló que también se les brindó apoyo consistente en alimentación, acceso a llamadas telefónicas, orientación jurídica y ayuda para su traslado a su lugar de origen.

La red de atención opera a través de nueve centros distribuidos en siete entidades del país. Los retornos terrestres se concentran en los estados fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, mientras que la atención aérea se ofrece en Chiapas y Tabasco.

En este contexto, el 18 de diciembre, durante la conmemoración del Día Internacional del Migrante, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la situación de las comunidades migrantes y lamentó lo que calificó como una creciente criminalización de este sector. Durante su conferencia matutina, respondió a mensajes recientes de Donald Trump y del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quienes han promovido deportaciones masivas y la construcción de barreras fronterizas.

La mandataria sostuvo que la migración es un fenómeno motivado por la necesidad y no por una decisión voluntaria, y afirmó que las políticas de persecución carecen de humanidad. Señaló que, desde su perspectiva, las soluciones de fondo deben basarse en la cooperación internacional, el desarrollo económico, la inversión en los países de origen y la reducción de la desigualdad.

Sheinbaum reiteró que la postura del Estado mexicano será la protección de los derechos humanos y la oferta de alternativas consideradas dignas, como el acceso al empleo o la repatriación voluntaria. Estas declaraciones se dan en un escenario marcado por el incremento en las repatriaciones de connacionales durante 2025.

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