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México

Niegan abogados de Genaro García Luna nexos entre el Cártel de Sinaloa y el ex jefe policíaco

Durante una abreviada audiencia preparatoria, el ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna —vestido con un mono caqui de los presos y una mascarilla en la boca—, ocupó por primera vez el banquillo de los acusados en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York.

El proceso, precidido por el juez Brian Cogan, dio comienzo a las 09:00 horas (GMT-5), en el se estableció, entre otras cosas, postergar la petición de los fiscales de EEUU de un jurado anónimo.

Aunque la acusación de Estados Unidos le describe como cómplice del Cártel de Sinaloa — para lo cual se han recopilado cientos de miles de documentos y grabaciones— , la defensa del ex jefe policíaco, César De Castro ha asegurado que en las miles de prueba que les ha entregado la fiscalía de EEUU, no aparece el nombre de su cliente o alguna conexión con el narcotráfico. Por ello, De Castro solicitó la asistencia del gobierno para clarificar las evidencias.

Fotografía de archivo fechada el 2 de junio de 2011 del exsecretario de Seguridad Pública (SSP) de México, Genaro García Luna (Foto: EFE/ Mario Guzmán)
Fotografía de archivo fechada el 2 de junio de 2011 del exsecretario de Seguridad Pública (SSP) de México, Genaro García Luna (Foto: EFE/ Mario Guzmán)

Se planea que el próximo 3 de mayo, ambas partes se sienten para analizar la información será clasificada como confidencial y a cuál de ella tendrá acceso la defensa de García Luna.

En la audiencia, el zar de la guerra contra el narcotráfico, se limitó a a intercambiar comentarios en voz baja con su abogado.

El pasado 27 de octubre, en una reunión virtual con el juez Brian Cogan y los fiscales encargados de su caso, se fijó una posible fecha para el juicio contra García Luna.

Cogan recomendó como fecha el 24 de octubre de 2022, que podría posponerse hasta enero de 2023 si se necesita mayor preparación.

El secretario de Seguridad Pública está preso en Estados Unidos desde diciembre de 2019. Las autoridades lo detuvieron en Dallas, Texas, y se le acusa de tres cargos de narcotráfico.

Según Estados Unidos, el ex funcionario ayudó al Cártel de Sinaloa en sus operaciones desde el 2001, antes incluso de ser nombrado secretario de Seguridad. A cambió recibió sobornos millonarios.

El caso se encuentra en la Corte de Brooklyn, Nueva York, donde se escuchó por primera vez el nombre de García Luna, durante el juicio del siglo.

En 2018, en el proceso contra Joaquín el Chapo Guzmán, el narcotraficante, Jesús el Rey Zambada aseguró que hizo pagos millonarios a Genaro García Luna.

Zambada, el primer cooperante de la fiscalía en la causa contra Guzmán, explicó ante un jurado en Brooklyn, Nueva York (EEUU) que realizó en concreto dos pagos para garantizar la protección de su hermano mayor, Ismael el Mayo Zambada, fundador y jefe del Cártel de Sinaloa, y evitar así que fuera detenido.

El primer soborno —que se produjo en un restaurante en 2005— ascendía a USD 3 millones. García Luna estaba al mando de la agencia federal de investigaciones. A este siguió otro de entre USD 3 ó 5 millones en 2007 cuando García ya era secretario de Seguridad Pública.

—¿Se reunió con García Luna en un restaurante?, le preguntó entonces el abogado William Purpura.

“Sí”, respondió el Rey Zambada. De acuerdo con el testimonio, el efectivo iba en un maletín y el primero tenía como propósito conseguir que se nombrara como jefe de la policía en Culiacán, Sinaloa, a una persona de confianza del cártel para así “tenerlo en el bolsillo”. El Rey aseveró que se trataba de dinero del Mayo.

Además, indicó que García Luna tenía “un compromiso en firme” con el clan formado por los hermanos Beltrán Leyva. Para garantizar la protección de la organización, añadió, entre 2006 y 2007 juntaron con sus sociosUSD 50 millones que desembolsaron a través de los sicarios Édgar Valdez Villareal, la Barbie, y José Gerardo Álvarez Vázquez, el Indio.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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