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México

Niegan apoyo a jornaleros

El titular de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, David Garay, afirmó que el gobierno federal no será patrón sustituto en el pago del diferencial para alcanzar un salario de 200 pesos al día ofrecido dentro de los 13 acuerdos con los trabajadores de agrícolas del Valle de San Quintín.

Entrevistado en el espacio de Denise Maerker en Radio Fórmula, dijo que el esquema se está estudiando, es un concepto que se está tratando de desarrollar, aunque la idea es crear un fideicomiso.

«Es un punto de acuerdo», dijo.

Ante la pregunta insistente de por qué o bajo qué idea se ofrece un subsidio como solución a un conflicto laboral entre particulares, el funcionario de Segob insistió que se está buscando el mecanismo para ello.

«No se pretende, no es una pretensión decir que el gobierno va a tener que cubrir todo el diferencial que pudiera existir a 200. Podemos llegar a cierto tope».

HAY EXPLOTACIÓN EN 19 ESTADOS

La secretaria de la Comisión de Justicia y vicecoordinadora del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar Gil, aseguró que la problemática de abusos y explotación de los jornaleros agrícolas existe en por lo menos 19 estados del país, entre los que destacan, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Zacatecas, Sinaloa, Sonora, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Puebla y Estado de México.

Aguilar Gil comentó que de acuerdo con la Red de Jornaleros Internos, la mayoría establece una relación laboral de forma verbal con los empresarios agrícolas y/o propietarios de los ranchos, pues 90 % no tiene un contrato formal de trabajo, y que aunque la Ley Federal del Trabajo establece jornadas de ocho horas al día, los jornaleros agrícolas laboran hasta 15.

De igual modo, más del 80 % no cuenta con prestaciones laborales y sociales, lo que significa que no pueden acudir al médico en caso de enfermedades o accidentes, y si dejan de trabajar eso se traduce en pérdidas de ingresos para ellos y sus familias. «Los problemas de salud en los campos de cultivo son uno de los principales conflictos que los jornaleros sufren, alertó.

Por ello, a través de un punto de acuerdo que presentó ante la Comisión Permanente, la petista planteó solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que emita una resolución de la investigación por la probable violación a derechos humanos de jornaleros agrícolas en San Quintín, Baja California.

Expresó que la vida en los campos de cultivo se da en condiciones precarias, pues en algunas zonas agrícolas viven hacinados en galerones, donde llegan a alojarse entre 500 a 3 mil trabajadores.

El Siglo de Torreón

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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