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México

Ningún candidato puede menospreciar a la sociedad civil: Coparmex

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, aseguró este miércoles que el desplegado aparecido en varios diarios donde se destacan los aportes de la sociedad civil al país en los últimos años es un mensaje no sólo para Andrés Manuel López Obrador, sino para el resto de los candidatos a la Presidencia de la República.

El líder patronal señaló que la carta abierta se trata de una respuesta directa a un señalamiento directo de López Obrador, quien hace unas semanas declaró en entrevista con Milenio Televisión que le tiene “mucha desconfianza a todo lo que llaman sociedad civil”.

Si bien el texto publicado este miércoles no menciona en ningún momento el nombre del candidato puntero en las encuestas, sí apunta que “desconfiar de la sociedad civil equivale a despreciar la voluntad e iniciativa de mujeres y hombres que no se quedan pasivos ante la injusticia, la opacidad, el mal gobierno o la desigualdad”.

“Hemos querido recordar lo mucho que la sociedad civil ha aportado al Estado Mexicano a todos los candidatos. Mencionamos diez temas en los que sin la sociedad civil no habríamos construido el país que tenemos”, indicó el industrial, lo que incluye temas tan diversos como la reforma política de la Ciudad de México, la creación del Coneval o la lucha por una fiscalía independiente.

“De este calado es la importancia que tenemos”, agregó.

A pregunta expresa sobre si los veintiún firmantes consideran que López Obrador es un peligro, De Hoyos Walther señaló que con el texto sólo están diciendo “que ningún candidato puede menospreciar o dar poca importancia a la sociedad civil” y han respondido “de manera directa” al señalamiento del morenista, además de que, “aprovechando el ride, le decimos a todos candidatos” que la sociedad civil es una parte muy importante de la vida democrática en cualquier nación.

Sobre la parte del texto donde se dice que “sólo los regímenes autocráticos o los defensores del status quo pueden percibir la participación cívica como una amenaza al orden y la estabilidad”, el empresario comentó:

“Queremos asegurarnos que cualquier candidato tenga claro que bajo ninguna circunstancia vamos permitir una regresión en las libertades que tenemos en este país. Se ha derramado mucha sangre y no vamos a permitir que esto quede limitado en el futuro”.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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